M. CASTRO
La adjudicación de los derribos de instalaciones de Mina La Camocha y su conversión en chatarra a la empresa Inagen ha hecho saltar las alarmas entre los colectivos que abogan por la conservación del patrimonio industrial de la antigua mina gijonesa, que ayer remitieron sendos escritos al Ayuntamiento y al Principado para pedirles que impidan las demoliciones.
El Juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo, en el que se tramita la liquidación de los activos de Mina La Camocha, adjudicó el pasado 28 de septiembre a la empresa barcelonesa Inversiones Asociadas Generales (Inagen) el derribo y aprovechamiento de la mayoría de las instalaciones de la antigua mina, dando un plazo de seis meses a Inagen para efectuar esa labor. La empresa pagará 555.555 euros para poder extraer los metales que hay en las edificaciones de la antigua mina. La administración concursal de Mina La Camocha entiende que se pueden derribar todos los edificios que no están incluidos en el catálogo urbanístico, lo que supondría la desaparición, entre otros, de uno de los dos castilletes y del lavadero de la mina.
No lo ven así las dos asociaciones vecinales de Vega, el Colectivo en Defensa del Patrimonio, la Agrupación de Colectivos Asturianos, la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, la Fundación Juan Muñiz Zapico (ligada a CC OO) y el sindicato CSI. Éstas son las siete organizaciones que ayer remitieron sendos escritos al Ayuntamiento de Gijón y a la Consejería de Cultura para pedirles que actúen tras la adjudicación a Inagen, «ante el flagrante peligro de que esto suponga una pérdida irreparable» en el patrimonio industrial de Gijón.
«Resulta obvio que demoliciones como las que se anuncian supondrían la destrucción irreversible de elementos patrimoniales pendientes de estudio y valoración e incumpliría de modo flagrante» la normativa urbanística, dado que el Ayuntamiento aceptó una alegación al Catálogo Urbanístico de Gijón en la que se asumía la conveniencia de realizar una valoración del patrimonio industrial de la antigua mina para decidir qué convenía conservar, según estos colectivos.
«Entendemos, por tanto, que cualquier concesión de licencia de obra o simple muestra de pasividad ante hechos consumados constituiría un manifiesto incumplimiento de la normativa vigente y que es obligación de las instituciones municipal y autonómica impedirlo, actuando no ya a instancia de parte sino de oficio. Basta para ello velar por la observancia de la legislación sobre patrimonio, tanto autonómica como estatal, y respetar el proceso establecido en el Catálogo Urbanístico y el PGOU. Entendemos que es tarea del Ayuntamiento de Gijón observar y hacer cumplir dicha normativa, como lo es de la Consejería de Cultura velar por el patrimonio de forma activa adoptando medidas y realizando las oportunas advertencias», añade el escrito.
El gobierno local, por su parte, difundió ayer un comunicado sobre el futuro de los terrenos de Mina La Camocha en el que aclara que promoverá la implantación de industrias «limpias y no contaminantes» para propiciar la creación de empleo sin actividades nocivas, insalubres y molestas.
En ese comunicado señala que el ámbito de desarrollo de Mina La Camocha, de 192.707 metros cuadrados, será desarrollado mediante un plan especial y enumera como elementos sujetos a protección integral o parcial el castillete del pozo 3, la sala de máquinas y edificio de máquinas con su maquinaria de este pozo, una chimenea, oficinas, casa de aseos y subestación eléctrica.
