A través de tres de sus miembros, el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural advirtió ayer de que "seguiremos en la misma línea" de impedir que en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) se especule con el suelo para construir viviendas. Así lo afirmó Carmen Suárez, quien junto con Ana Garía y Juan Carlos Río, protagonizó, en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, una charla que versó sobre los dos PGO de Gijón anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en primera instancia, y luego, en firme, por el Tribunal Supremo. Los conocidos por los nombres de los dos concejales de Urbanismo que los apadrinaron, los socialistas Jesús Morales (ahora director-gerente de la Junta de Saneamiento del Principado) y Pedro Sanjurjo (presidente de la Junta General, respectivamente. Juan Carlos Río centró su intervención en hacer un resumen de la historia del enfrentamiento ciudadano con el gobierno municipal a partir del 30 de octubre de 2003, cuando se dio a conocer públicamente el plano de los nuevos suelos urbanizables en el concejo de Gijón.
Señaló Río que se trató de una "agresión brutal a la zona rural" que desencadenó "un clima de indignación y rechazo" contra un "sistema de gestión del suelo injusto y desproporcionado" y "con una "falta total de transparencia". El resultado fueron tres "marchas verdes", es decir, manifestaciones a las que acudieron miles de ciudadanos, la primera de ellas celebrada en el mes de febrero de 2004. Resaltó Juan Carlos Río que en todo el asunto hubo "connivencia entre el poder político y el económico" para "hacer política con segundas intenciones".
Por su parte, Ana García trató sobre los planes especiales, enconcreto los concernientes al Nuevo Roces y a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), que a día de hoy, resaltó, "es un polígono industrial sin ocupar", mientras que en Nuevo Roces "el cuarenta por ciento de las parceles urbanizables están vacías".
También señaló a la empresa mixta Sogepsa, "sociedad mercantil de las grandes empresas de la construcción", como a uno de los actores principales y que "en cuatro años logró un beneficio del 1.140 por ciento". Por contra, ahora, afirmó Ana García, Sogepsa debe más de cien millones de euros y "si fuese una sociedad mercantil no amparada por la Administración estaría en quiebra técnica, pero su deuda la pagamos todos los asturianos".
Carmen Suárez, finalmente, quiso resaltar que "el PGO afecta a todos los ciudadanos, incluso para poder poner un quiosco" y recordó que desde el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural "les advertimos que no se estaban haciendo las cosas legalmente", pero, subrayó, chocaron con la cerrazón del gobierno municipal de coalición PSOE-IU.
Respecto a las consecuencias de todo el conflicto urbanístico que propició que el concejo de Gijón aún no tenga un nuevo Plan General de Ordenación, los representantes del Colectivo de Vega argumentaron que "nadie se hizo responsable de las anulaciones".
