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La ONCE vincula su permanencia en Apta a la participación del Principado en la empresa

UGT y CC OO intentan que el Gobierno regional reconsidere su negativa a entrar en el accionariado del centro especial de empleo gijonés

La entrada o no del Principado en el accionariado de Apta será lo que determine la permanencia de Ilunion, el grupo empresarial de la ONCE, en el centro especial de empleo gijonés. Así lo aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones entre ambos, que señalan que los directivos de Ilunion han trasladado al Gobierno regional que sólo contemplan seguir vinculados a Apta si cuentan con la administración autonómica como socia en la empresa.

Apta tiene en la actualidad sólo dos socios, sus fundadores: La Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo, que posee un 54% de la sociedad pero nula capacidad económica, e Ilunion, con el 46% restante y que desde 2009 ha aportado 13 millones de euros para cubrir las pérdidas de Apta y evitar su disolución. Ilunion planteó en septiembre a la asociación de padres su intención de abandonar Apta dejando fondos para asegurar su continuidad dos años más. La negociación abierta con el Principado podría llevar a que el grupo ONCE, que emplea a 50.000 discapacitados en España, opte por quedarse.

Apoyo municipal

El Principado ha rechazado entrar en el accionariado de Apta, uno de los 105 centros especiales de empleo que hay en Asturias. Sí está dispuesto a facilitarle carga de trabajo, mediante la reserva de contratos para centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Apta también recibirá un apoyo similar del Ayuntamiento de Gijón, cuya Junta de Gobierno va a aprobar mañana una instrucción sobre cláusulas sociales que va a permitir, entre otras cosas, reservar cada año parte de los contratos municipales para centros especiales de empleo.

El desenlace aún está en el aire. Representantes del comité de empresa, integrado por CC OO y UGT, mantendrán esta semana una reunión con la consejera de servicios y derechos sociales, Pilar Varela. "Nuestra intención es que el Principado entre en el accionariado en pro de la viabilidad", señala el presidente del comité de empresa de Apta, Roberto Sariego, quien considera que "entendemos que lo que plantea Ilunion es algo más simbólico que otra cosa" y contempla incluso la posibilidad de que la participación del Principado en Apta pudiera hacerse mediante la creación de un patronato.

La posibilidad de que el Principado acabe accediendo a la petición del grupo ONCE es "muy difícil por no decir imposible" para el presidente de la Asociación de Padres y Tutores, Joaquín Fernández. El presidente de la asociación valora como algo "estupendo y fabuloso" el anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de que el Principado va a reservar alrededor de un 8% de su contratación anual para centros especiales de empleo. Fernández espera que ese apoyo autonómico para facilitar que Apta consiga carga de trabajo "haga que la ONCE recapacite y se quede". La asociación de padres mantendrá esta semana una reunión con directivos de Ilunion para valorar el nuevo escenario tras las negociaciones con el Principado.

Plataforma

También ve difícil la entrada del Principado en Apta el portavoz de la plataforma de trabajadores, padres y tutores de Apta, Miguel Criado. "Ilunion quiere que se implique el Gobierno regional como lo hacen en otras autonomías, pero no lo van a hacer porque no tienen un duro", opina Criado. Otros gobiernos autonómicos, como el vasco, sí forman parte del accionariado de centros especiales de empleo de su comunidad autónoma. No obstante, para Miguel Criado, el anuncio del Principado de que va a apoyar la contratación de Apta y la decisión en el mismo sentido del Ayuntamiento "ponen la pelota en el tejado de la ONCE, a la que no le quedará más remedio que subir a por ella; esto hace que tengan un poco más complicado escapar de Apta, porque les están dando facilidades para conseguir trabajo. Ahora se va a ver si quieren tirar del carro o no".

Criado fue uno de los sindicalistas que en 2011 se reunieron en Madrid con el responsable de centros especiales de empleo de Fundosa (que ahora ha pasado a llamarse Ilunion), José Luis Martínez Donoso, después de que el grupo ONCE pasara a controlar la gestión de Apta. Martínez Donoso "nos dijo que no iba a haber ningún problema, porque iban a traer trabajo". Al poco tiempo, el grupo ONCE planteó un ERE que incluyó el despido de 103 trabajadores de Apta. Hubo despidos posteriores hasta dejar la plantilla actual en 182 trabajadores, de los que 153 tienen discapacidades psíquicas. La plantilla está sujeta a un ERE temporal, que concluye en marzo.

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