La magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que se encarga del caso del supuesto fraude en la ampliación de El Musel, ha decretado el sobreseimiento de la investigación contra el exconsejero delegado de Hidrocantábrico, Joaquín Coronado Galdós, al considerar prescrito el hecho por el que declaró como investigado el 28 de junio.
Coronado fue quien rubricó por HC el acuerdo de intenciones con la Autoridad Portuaria de Gijón, del 26 de junio de 2004, sobre la explotación de la cantera de Aboño. Dicha cantera no llegó a explotarse en el plazo previsto, algo en base a lo cual se justificaron la mayor parte de los sobrecostes de la ampliación.
La Fiscalía había informado favorablemente a esa petición de sobreseimiento. El motivo es que Coronado se desvinculó de HC el 25 de febrero de 2005, por lo que ya habían pasado más de diez años cuando fue citado a declarar, plazo de prescripción del supuesto delito de fraude.
En el auto de la magistrada, fechado el 5 de agosto aunque remitido en la semana actual a las partes, la jueza no se pronuncia sobre la petición del abogado del exdirectivo de HC para que se declarase que no había participado en el supuesto fraude dada su intervención "tangencial y puntual" en los hechos. La jueza explica que eso queda para el final de la instrucción, cuando las partes presentan sus escritos de calificación.
La magistrada también ha citado a testificar a los investigadores de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que hicieron el informe sobre el supuesto fraude, para el 25 de octubre a las 10 de la mañana. Dos días después, el 27 a las 9 de la mañana, han sido citados como investigados en la pieza separada sobre el programa "A ver la ballena" el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach; el exdirector, José Luis Díaz Rato; el jefe de división de El Musel, Miguel Vallina y la representante de la Asociación Cultural Aeropuerto, C. F. P..
