El paquete de medidas diseñadas por el gobierno para paliar la actual crisis no es más que pan para hoy y hambre para mañana. Cuando las empresas de energía han declarado la guerra a los ciudadanos hasta arruinarlos, intentando de paso llevarse por delante un gobierno, que siendo benévolo, lo es menos que el de otro signo, se precisan medidas más enérgicas.
Los precios del petróleo hace diez años eran similares a los actuales, el cambio del dólar también, sin embargo, los precios de los carburantes se han duplicado desde entonces sin más justificación que el enriquecimiento de las empresas que forman el oligopolio. Sus beneficios pasaron en ese periodo del once al veinte por ciento, y siguen creciendo.
La bajada del IVA o los veinte céntimos de ayuda, son rápidamente absorbidos por unas empresas que tienen carta blanca para fijar los precios y aprovechan las ayudas para incrementar sus beneficios. Con la luz y el tope del gas, ocurrirá lo mismo. Son además ayudas lineales, que benefician por igual a quien no tiene un duro que a quien le caen los billetes del bolsillo, es decir, son medidas injustas.
Cada vez queda más claro que es preciso intervenir las empresas que están arruinando al país, y no se trata de aplicar una medida comunista bolivariana bildu etarra. Se trata de aplicar el artículo 128 de la Constitución que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" y "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".
Este artículo fue recurrido en su día por entender que entraba en conflicto con el artículo 38 que habla de la libertad de empresa. Los tribunales decidieron que no existe tal conflicto.
No sería una situación nueva, recuperaríamos un control en estas empresas que ya existió y que gobiernos de distintos signos fueron cambiando por un plato de lentejas y unas cuantas puertas giratorias, aprovechando de paso para hablarnos de milagro económico. Francia, EE UU, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza o Japón, tienen empresas públicas de energía. El Gobierno de Alemania aprobó una enmienda legal que permitiría al Estado confiscar la propiedad de empresas energéticas en caso de necesidad. Se da la paradoja, que una de las mayores empresas de energía en España, Endesa, está en manos de Enel, una empresa participada por el estado italiano.
Teresa Ribera ya habló de la posibilidad de no renovar concesiones a medida que vayan venciendo, es un reconocimiento de que algo va mal, pero hay medidas que no pueden esperar. Para las empresas de "segunda división" y los autónomos puede ser tarde.
Cuando un miembro se gangrena, no valen analgésicos, hay que amputar.
