El senador Humberto Costa, jefe del grupo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado de Brasil, admitió anoche tácitamente que la presidenta, Dilma Rousseff, será sometida a un juicio político, lo que la obligará a abandonar el poder durante seis meses. El Senado inició ayer a las tres de la tarde (hora española) una sesión plenaria para debatir y votar la apertura del juicio. En la sesión se habían inscrito 70 oradores lo que, en principio, debía retrasar la votación al menos hasta la pasada madrugada.

El apartamiento de Rousseff conlleva que el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), forme un Gobierno que ya ha estado constituyendo en la sombra a lo largo de los últimos días.

"El PT hará una oposición muy firme y denunciará en forma permanente el golpe que se le está dando a la democracia", declaró Costa, quien conversó brevemente con los periodistas cuando ya habían pasado por la tribuna once de los oradores inscritos. Rousseff es acusada de haber maquillado las cuentas del Estado en los ejercicios de 2014 y 2015 para ocultar la amplitud del déficit.

Para la instauración del proceso de destitución, era necesario que la oposición alcanzase una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, que todos los sondeos previos daban por garantizada. Si el juicio político, que puede durar hasta un máximo de seis meses (los que permanecerá apartada Rousseff), concluye con la destitución presidencial, Temer completará el mandato, que vence el 1 de enero de 2019. Por el contrario, en caso de que la presidenta sea absuelta, recuperará el cargo en el mismo momento en que se dicte sentencia.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, pidió "serenidad de espíritu" a los legisladores a pesar de la "inmensa responsabilidad" que tienen, ya que el sentido de su voto podría llevar a la destitución de una presidenta elegida con 54 millones de votos.

Temer reveló ayer mismo los nombres de algunos de sus ministros y reunió a su equipo en el Palacio de Jaburu, residencia oficial del vicepresidente, que en las últimas semanas ha sido escenario de incesantes conciliábulos para decidir los miembros del futuro Ejecutivo.

Mientras, Rousseff se recluyó en su residencia oficial del Palacio de la Alvorada mientras sus ministros analizaban el desarrollo del proceso legislativo. El ministro jefe del gabinete de Rousseff, Jaques Wagner, convocó en el Palacio presidencial de Planalto una reunión con los otros 30 ministros del Gobierno para realizar un balance de la gestión de Rousseff en la que podría ser su recta final.

Rousseff modificó ayer su rutina diaria, dejó de lado la bicicleta en la que suele pasear por las mañanas y salió a caminar por los alrededores del Palacio de la Alvorada con el fin de huir de la prensa, que desde primera hora de la mañana la esperaba detrás de unas vallas de metal colocadas por su equipo de seguridad.

Ante el Senado, una valla instalada por reclusos el martes separaba a los partidarios y detractores presidenciales para evitar enfrentamientos civiles.