El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, anunció ayer que unos 38.000 presos comunes saldrán de las cárceles en régimen de libertad condicional tras una reforma del sistema penitenciario al amparo del estado de emergencia bajo el que se encuentra el país tras el golpe de estado fallido.

El decreto anunciado por el Gobierno responde a la necesidad de hacer hueco en las saturadas prisiones. En los primeros días tras la intentona se detuvo a 35.000 personas de las que 11.000 fueron liberadas. Ahora, según un alto cargo turco citado por la agencia "Reuters", 17.770 se encuentran en prisión preventiva y 5.685 están todavía a la espera de una orden judicial. El ministro Bozdag, por su parte, subrayó que la liberación no es una "amnistía" sino un cumplimiento de la condena fuera de prisión.

De esta medida se excluyen los reos de una decena de delitos: homicidio premeditado, agresiones sexuales, atentado contra la privacidad, tráfico de drogas, atentado contra la seguridad del Estado, contra la Constitución, la defensa nacional o los secretos del Estado y, finalmente, todos los juzgados bajo la ley antiterrorista. Además, la remisión sólo se aplicará a personas condenadas por delitos cometidos antes del 1 de julio pasado, a condición de que hayan cumplido la mitad de su pena, en vez de los dos tercios que se exigían hasta ahora.

Al amparo del estado de emergencia, la Policía tiene hasta 30 días para llevar a un detenido ante el juez, que debe confirmar o anular su detención. En muchos casos "se ha metido a seis o nueve detenidos en celdas de diez metros cuadrados, pensadas para un preso", aseguró el abogado Efkan Albayrak a la agencia "Efe".

Por otro lado, la policía detuvo a 17 periodistas, entre ellos un caricaturista con nacionalidad española, en una redada contra el diario "Özgür Gündem", que fue clausurado bajo la acusación de hacer propaganda a favor del grupo armado secesionista kurdo PKK. El dibujante Dogan Güzel, caricaturista del diario, obtuvo la nacionalidad española tras haber vivido más de diez años en España, adonde se trasladó a inicios de este siglo para evitar la presión judicial que sufría en Turquía.