Langreo, E. PELÁEZ
Los trabajadores de los juzgados de Langreo exigen medidas de seguridad tanto para su sede como para aquellas de la región que se encuentran en una situación similar, tras la agresión que sufrió un funcionario el pasado miércoles en Sama. El empleado, que fue trasladado por agentes de la Policía Local al Hospital Valle del Nalón, recibió cinco puntos de sutura en la boca tras un puñetazo en la mandíbula que le propinó un hombre que acompañaba a un detenido, que también le dio «varias patadas arrinconándole contra la pared», según denunciaron ayer los representantes de los trabajadores congregados ante la puerta de la sede judicial de la calle Dorado de Sama.
El funcionario fue increpado verbalmente con anterioridad con «frases ofensivas» tanto en el interior del edificio como en el exterior, según indicó Luis Pérez, responsable del sector de Justicia de CSIF Asturias, que ejerció de portavoz de los sindicatos. Recibió la agresión cuando se dio la vuelta, «tras decirle que era una puta mierda», apuntó. El empleado del Cuerpo de Auxilio Judicial, que lleva unos meses trabajando en el Juzgado número 2, volvió a su puesto a última hora de la jornada. A través de sus compañeros reclamó también medidas de seguridad en su centro de trabajo. Los alrededor de 50 funcionarios de los cuatro juzgados de Langreo, tres de primera instancia y uno penal, se concentraron con pancartas que demandaban «Más seguridad y menos despilfarro».
Las secciones de justicia de los sindicatos CSIF, CC OO, USIPA y STAJ estuvieron presentes en esta protesta, que los trabajadores pretenden repetir todos los lunes y viernes hasta que el Principado aporte una solución. La tercera sede judicial de Asturias, que tiene mayor número de órganos judiciales que Mieres y Pola de Siero, «no puede carecer de medidas de seguridad ni de un proyecto de edificio para albergar todas las instalaciones actuales», apuntó Pérez. «Langreo es una prioridad», recalcó.
El Gobierno regional, al que se dirigieron en reiteradas ocasiones tras el traspaso de las competencias de Justicia, «tiene obligación de resolver y tomar cartas en el asunto». También el Ayuntamiento, aseguraron los sindicatos. «Se necesita urgentemente que la administración local tome medidas en cuanto a la cesión de terrenos», comentaron.
Los sindicatos recordaron que el pasado año otra funcionaria, del juzgado número 3 de Langreo, fue agredida y que se han sufrido amenazas. Para frenar este tipo de hechos, los representantes de los trabajadores apuntan a medidas consistentes en dotar las sedes de vigilancia privada e instalar arcos de seguridad y escáneres. Las dependencias del partido judicial de Langreo, sostienen, «tienen carencias tremendas» con edificios «en condiciones pésimas que no responden a las medidas de seguridad, habitabilidad ni de trabajo». Juanjo Azcano, representante de CC OO, reclama al Principado que explique «qué paso con el acuerdo firmado por Alfredo Pérez Rubalcaba (ministro del Interior) y Areces para que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en segunda actividad reforzasen la seguridad en los edificios judiciales asturianos». María José García, de USIPA, hizo hincapié en que esta misma situación se vive en el resto de sedes judiciales salvo Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Siero.
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