El Entrego, L. M. D.

Empresas acreedoras de la compañía Venturo XXI anuncian una demanda judicial contra los cuatro miembros del consejo de administración de la firma, formado por los dos promotores privados, Manuel y José Antonio Coronado Piñana, y por el representante de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), Víctor González Marroquín, y por el representante de Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera), Manuel Fernández Prada. El objetivo de esta demanda sería «declarar responsables de las deudas de Venturo a todos los miembros del consejo de administración», ya que a su entender «han incumplido las obligaciones que la legislación mercantil les impone».

La compañía de fotografía aérea Azimut S. A., a la que Venturo XXI adeuda 174.612 euros, ya ha interpuesto una demanda judicial contra la cartográfica asturiana para reclamar esta deuda. Además, tal y como señaló su administrador único, Antonio Madrid Ortega, «hemos encargado al gabinete jurídico que utilice los mecanismos legales necesarios para que se declare responsables de las deudas de Venturo XXI a todos los miembros del consejo de administración, ya que a nuestro entender, presuntamente, han incumplido con sus obligaciones».

Venturo XXI está participada al 51% por RTK Topografía (los hermanos Coronado Piñana), el 21% es de la SRP, el 21% de Sadim y el 7% de Sodeco. Los responsables de esta compañía acreedora consideran que las administraciones «no han hecho los controles adecuados» para detectar a tiempo la situación en la que se ha visto abocada Venturo XXI, el concurso de acreedores. «Resulta sorprendente que el Principado no detectara a tiempo que la gestión de Venturo iba a llevar a la insolvencia», aseveró Antonio Madrid Ortega, que indicó que resulta «sorprendente» que «a través de los departamentos financieros de las sociedades que tienen el 49% del capital» no se detectara esta mala gestión, y que se haya permitido «llegar a este punto, en el que han hundido a sus trabajadores, a autónomos que han arruinado y a empresas proveedoras».

«Alguien interesado en su gestión», añadió Madrid Ortega, «debería haber detectado las anomalías que se han producido mucho antes de llegar a esta situación, sobre todo estando implicadas empresas públicas. Ya en las cuentas de 2007, cualquier auditor cualificado podía detectar que había partidas sospechosas». Estas partidas serían la de «Anticipo de existencias», de 715.191 euros, y la de «Aplicaciones informáticas», de 1.666.000 euros. «Ambas son incongruentes y muy elevadas para el tipo de empresa que es», aseveró el responsable de Azimut.

Hasta el 31 de diciembre de 2008, en sus tres primeros ejercicios, Venturo XXI perdió tres millones de euros. La deuda de la compañía se disparó ese último ejercicio, coincidiendo con la adquisición de su sede por 382.500 euros. Para esta compra, los hermanos Coronado habían logrado un crédito hipotecario de 600.000 euros.