Langreo, L. M. D.

La empresa Venturo XXI estuvo mal planificada desde su constitución a finales del año 2005. La compañía cartográfica creada por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado (51% del capital) con el apoyo de la Sociedad Regional de Promoción (SRP, 21% del capital), Sadim Inversiones (21%) y Sodeco (7%) estuvo «sobredimensionada» desde el principio, tanto en el plano «del capital humano» como en el de «los activos fijos» (maquinaria, equipos de trabajo). Esta situación ha disparado la deuda hasta los 5,1 millones de euros, según el informe preliminar del concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa, y ha llevado al paro a 67 de sus 73 empleados.

Según el administrador concursal, «las causas económicas del estado en el que se encuentra la sociedad», que recibió 1,2 millones de euros de fondos mineros, ayudas para la remodelación de su sede y se benefició de cursos de formación del Principado, «son debidas a la ausencia de licitación y contratación que le permita mantener los márgenes previstos en sus presupuestos. Asimismo, podemos observar que la empresa tiene una sobredimensión importante, puesto que no es capaz de rentabilizar sus activos». De esta forma, según el informe del concurso de acreedores, la compañía, ligada al grupo extremeño RTK Topografía y a la empresa Huso 29 -que también atraviesa proceso concursal-, se constituyó «con unas inversiones, tanto en activos fijos, como en capital humano, muy optimistas, que requerían unos volúmenes de negocios que no se llegaron a alcanzar en sus años de actividad», pero que eran necesarias para captar el volumen de ayudas que recibió.

En este punto de la descripción de las causas del fracaso de la compañía, el documento recrimina a sus gestores -el consejo de administración, en el que estaban los dos empresarios, Víctor González Marroquín de la SRP y Manuel Fernández, de Sadim- por su «poco conservadora gestión de los recursos», que «agravó año a año la situación de insolvencia al ir incrementándose las pérdidas, sin reacción por parte de la concursada (Venturo XXI), que debiera haber adoptado medidas de contención de gastos». El presidente de Hunosa (propietaria de Sadim), Juan Ramón García Secades, llegó a comentar que en la puesta en marcha de la firma se había elegido mal a los socios, unos inversores que llegaron de la mano de González Marroquín cuando éste alcanzó la dirección del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA). El documento refleja que la cartográfica padeció desde su inicio «una contratación insuficiente para equilibrar su cuenta de resultados», lo que «unido a la gran estructura de costes» provoca «pérdidas en cada ejercicio desde su nacimiento». Así, se establece que el nivel de contrataciones necesario para «soportar la estructuras de costes» debía ser de 5 millones de euros anuales, cuando en la realidad las cifras de negocio se movieron entre los 1,3 millones de 2006, los 2,97 de 2007 y los 2,44 de 2008, cantidades «claramente insuficientes y que ponen de manifiesto la sobredimensión de la empresa».

Para ir cubriendo estas deudas, la sociedad, con el beneplácito del consejo de administración, redujo en dos ocasiones el capital de la compañía, que pasó de los 2,5 millones a los 103.000 euros. Según la administración concursal, en el momento en el que se hizo cargo de la empresa, a finales de abril, «la sociedad sobrepasa los 70 empleados, muy por encima de sus necesidades de aquel momento, y muy inferiores a los más de 100 trabajadores que tuvo en algún momento».

En sus conclusiones, el informe establece además que las negociaciones sobre nuevos inversores «no consta que hayan fructificado», por lo que «la liquidación de la sociedad parece su fin más claro y cuyo retraso sólo iría en perjuicio de terceros».