El Museo del Movimiento Obrero -un equipamiento emplazado en las instalaciones del antiguo pozo San Vicente que pasará a completar los contenidos del Museo de la Minería (Mumi)- no sólo atraerá al visitante por sus contenidos. La propia instalación (reconstruida casi por completo por una escuela taller de Fucomi en 2002) es un reclamo en si misma por su valor histórico. El pozo San Vicente, que este verano será reabierto como equipamiento museístico, funcionó más de una década como símbolo de autogestión obrera, desde 1926 y hasta que la Guerra Civil frustró la experiencia. La mina fue explotada durante esos diez años por el SOMA (en una iniciativa pionera en España), lo que sirvió para llevar a la práctica los postulados ideológicos del sindicato y demostró que los obreros podían administrar de forma eficaz los medios de producción.

Todo empezó en 1916. Ese año, Carbones de San Vicente se inscribió en el registro como la sociedad mercantil encargada de la explotación de la mina del mismo nombre. El terreno en el que se ubica el yacimiento es geológicamente complejo con más pliegues de lo habitual y abundante grisú, y con importantes defectos estructurales en sus instalaciones. Todo ello llevó a que entrara en una importante crisis en 1925. El problema se agravó por el impago de salarios y la amenaza de huelga. El SOMA, ante el peligro de quiebra y de dejar sin trabajo a unos 200 mineros, dejó a un lado los paros y otorgó un préstamo de 95.000 pesetas al patrón para mantener la actividad y pagar los atrasos.El aval era la propia mina.

Los problemas no se arreglaron y continuaron los impagos. El patrón se marchó con el dinero con lo que la mina quedó en manos del SOMA, liderado entonces por Manuel Llaneza. El sindicato se vio forzado a asumir la concesión y la gestión de la explotación en enero de 1926. Los fallos estructurales del yacimiento (dimensiones de la caña, desnivel del cargadero o ventilación insuficiente) y la deuda hicieron que las cosas se complicaran desde un principio, aunque el Gobierno de Primo de Rivera apoyó al SOMA, concediéndole un préstamo para pagar los salarios atrasados y sanear las cuentas del pozo. Además, en 1927, el Estado se hizo cargo de la producción (unas 4.000 toneladas mensuales) para destinarla principalmente a los barcos de la Marina.

A partir de ese momento, los trabajadores de San Vicente pasaron a ser los mejores pagados de las Cuencas y su jornada laboral era la más reducida. En 1927 se produjo un negro episodio cuando Ramón Gutiérrez, que colaboraba con la prensa comunista y que meses atrás había sido despedido, mató a tiros a un vigilante de la mina, José Iglesias, e hirió al director de los trabajos de interior, Belarmino Tomás, que años después jugaría un destacado papel político y sindical en la región. Varios disparos acabaron con la vida de Iglesias, mientras que Belarmino Tomás resultó herido en un brazo. El funeral de Iglesias también resultó accidentado ya que, al paso del la multitud que acompaba el féretro por el puente de La Oscura camino del cementerio, los cables de sujeción de la estructura colgante cedieron y unas 600 personas cayeron al agua. No hubo heridos graves.

La mina San Vicente siguió funcionando como pozo autogestionado hasta la primera mitad de la década de los años treinta. La experiencia duró hasta 1936, cuando estalló la Guerra Civil y muchos de los trabajadores se fueron al frente. Con la caída del frente del Norte, la explotación pasó a manos del bando nacional. La empresa Hulleras del Rey Aurelio, S. A. retomó la actividad extractiva en la década de los cincuenta, aunque con una producción limitada. En 1970, Hunosa adquirió el yacimiento y lo mantuvo como pozo auxiliar de María Luisa hasta hace unos años. Ahora el pozo renacerá como museo.