La familia de Barros en cuya vivienda tiene que derribar el Ayuntamiento de Langreo parte una planta por sentencia judicial, rechazó ayer de nuevo salir de la casa. El Consistorio no alcanzó un acuerdo con el demandante ni con las dueñas del inmueble, que ayer reiteraron su decisión a los funcionarios municipales que se trasladaron a la vivienda.
Fue a media mañana cuando a las cuatro mujeres que residen en la casa comunicaron sus intenciones. "No saldremos voluntariamente", aseguró Manuela Sebastião, ante los representantes municipales, que le explicaron que tienen que cumplir con una sentencia judicial de un litigio que se arrastra desde 1996. Poco antes las hermanas habían llamado al médico para que examinase a la madre. El Ayuntamiento de Langreo había dado licencia para acometer la obra de ampliación de la vivienda con un gobierno de IU. El juez dio la razón al vecino que presentó una demanda en una sentencia de 1998 y un auto de 2001 que declaran la obra ilegal y obligan al Consistorio a derribar el piso superior.
El Ayuntamiento defiende que ha buscado el acuerdo con la familia compuesta por Herminia Batista y sus hijas Herminia, Manuela y Ana para poder ejecutar el fallo judicial. Mientras Francisco Sánchez Muñiz, letrado de la familia afectada desde esta semana, considera que ha existido "poco esfuerzo municipal para llegar a un acuerdo". Y el desalojo temporal de la vivienda para ejecutar las obras de reforma sigue pendiente.
Las opciones manejadas ayer por la familia fueron descartadas por el Ayuntamiento al no estar conformes con la cuantía económica fijada. Durante la visita de los funcionarios municipales la representación legal de las afectadas trasladó la primera propuesta, que pasaba por abandonar la vivienda para ejecutar las obras y recibir una indemnización por daños y perjuicios de 60.000 euros, apuntaron fuentes municipales. La otra, aseguran, pasaba por un incremento de esa cuantía para adquirir otra casa y renunciar a la actual.
Sin embargo, el letrado señaló que "el Ayuntamiento está dispuesto a aportar 70.000 euros como máximo por cualquier opción", incluyendo el gasto en la obra y los gastos de alojamiento de las cuatro mujeres mientras duren los trabajos, o en un segundo caso como indemnización para que dejen la vivienda". "Tienen derecho a una indemnización y están dispuestas, si hay problemas para abonar el dinero, a recibirlo con cargo al año que viene", dijo Francisco Sánchez, que defiende que el Ayuntamiento necesita una orden judicial para que la familia abandone la vivienda si no es voluntariamente. No piensa lo mismo el Consistorio, que considera que ha puesto todas las facilidades.
