Grecia en el aire" es el título, no casual, del último libro publicado en España por el helenista asturiano Pedro Olalla. En palabras del autor, esta obra pretende describir, desde las fuentes y desde su lugar de origen, lo que fue el proyecto y la realidad de la democracia ateniense; no se trata de una recomendación de las mismas fórmulas y conceptos y sí de una apuesta por seguir buscando lo que ellos, de forma meritoria, persiguieron y encontraron.
Uno de esos conceptos "clásicos" es el del coste económico de la democracia; recuerda Olalla que durante la época de Pericles nadie cobró un óbolo por ir a gobernar a la Asamblea; después se fijó una retribución de unos pocos óbolos para que los más pobres no se excluyeran de participar en el gobierno de la ciudad por tener que atender sus necesidades perentorias. Hoy la finalidad de sufragar con dinero público la actividad política no es muy distinta: nadie debe quedar excluido del acceso al desempeño de cargos públicos ni éstos deben estar reservados a los que dispongan de medios holgados de vida; tampoco se cuestiona que la democracia supone un coste para el erario público. Lo que sí conviene debatir, y no dar por zanjado, es el qué, el cómo y el cuánto de la financiación de la vida política. Aquí nos limitaremos a comentar dos cuestiones: el dinero de los partidos y la retribución de las actividades parlamentarias.
En lo que respecta a los partidos, el legislador español ha optado, como en la mayor parte de las democracias, por permitir la financiación pública y privada, aunque en la práctica la que predomina (suele ser más del 90%) es la primera; la razón originaria era no favorecer a determinadas opciones que, por su concreta ideología, podrían recibir más y mayores donaciones. Sin embargo, el resultado final ha sido muy negativo: por una parte, tenemos un sistema que promueve, pura y simplemente, el mantenimiento del statu quo político en la medida en que si, como prevén la ley Electoral y la de Financiación de los Partidos, tienen más dinero las formaciones que consiguen mejores resultados electorales se están creando las condiciones para que dichos resultados se repitan; cuando los cambios se producen, tal cosa ocurre a pesar del régimen vigente, no gracias a él. Por otro lado, han abundado la insaciabilidad, la opacidad, la impunidad, el clientelismo y la hipocresía: los partidos españoles han venido recibiendo dinero del Estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, incluso del Parlamento Europeo?; hasta 2012 se aceptaron, de diversas formas, las donaciones anónimas; las infracciones apenas se han castigado porque el órgano supervisor -el Tribunal de Cuentas- hacía sus informes con tanta demora -unos cinco años- que aquéllas ya habían prescrito; han sido frecuentes las condonaciones de deudas por parte de los bancos -¿por qué lo hacían?-; finalmente, y a pesar de las promesas de regeneración que precedieron a la reciente reforma de 2015, las puertas que se han cerrado a la financiación de los partidos se han mantenido abiertas para las fundaciones y entidades de ellos dependientes. Frente a este entramado, que ha favorecido y amparado la corrupción, habría que garantizar la transparencia de las cuentas, la limitación de los gastos y combinar la financiación pública y la privada: la primera no para que sirva al statu quo sino para promover, en condiciones de cierta igualdad, el cumplimiento de las funciones que corresponden a los partidos; la segunda para fomentar, como reclamó ya en 1992 el Tribunal Constitucional alemán, la influencia de la ciudadanía en las formaciones políticas y las raíces sociales de los partidos.
Por lo que hace referencia a las actividades parlamentarias, es obvio que su desempeño adecuado requiere una retribución digna y disponer de los medios necesarios. La dignidad del estipendio habrá que medirla por las obligaciones del cargo -si se toma en serio, la vida política actual exige mucha dedicación, tiempo y esfuerzo- y las responsabilidades inherentes a la participación en la toma de decisiones relevantes para la comunidad. ¿Y eso cuánto importa? No es fácil, al menos para mí, traducirlo a euros, pero dado que la decisión final corresponde, en virtud de la autonomía presupuestaria, a los parlamentos respectivos, sería oportuno un debate público y plural donde se expongan las diferentes posturas y se explique qué se está retribuyendo, cuánto se paga y por qué. Esa discusión tendría que extenderse a los medios económicos y personales que se ponen a disposición del mejor ejercicio del cargo representativo. ¿Cómo se calcula el dinero que se asigna a cada grupo parlamentario? ¿Cómo y en qué se gasta? ¿Por qué el número de asesores es 48 y no 50 o 35? ¿Quiénes son? ¿Qué perfil profesional tienen y qué méritos acumulan? ¿Quién los selecciona y con arreglo a qué criterios?
El debate público sobre estos asuntos no es -no debe ser- una cuestión de demagogia sino de transparencia; es decir, de democracia, y ésta, como Grecia, también está en el aire.
