Matar al mensajero y atacar al pequeño sin atreverse con el grande. Esto es lo que intentó el fiscal general alemán Harald Range al investigar a dos periodistas por sospechas nada menos que de "alta traición". El supuesto delito de los periodistas: haber publicado en su blog de internet Netzpolitik.org unos planes de la Oficina Federal de Protección de la Constitución para el supuesto control masivo de contenidos y listas de contactos en redes sociales como Facebook.
Inmediatamente, los medios germanos se acordaron de la última vez que se acusó de alta traición a unos periodistas. Fue en 1962 y tuvo como blanco el semanario "Der Spiegel", que a raíz de unas maniobras de la OTAN había publicado un reportaje en el que se expresaban dudas sobre el estado de preparación del Ejército alemán para el caso de una guerra con la Unión Soviética.
La iniciativa partió del entonces ministro de Defensa, el cristiano-social bávaro Franz-Josef Strauss. Fue un escándalo mayúsculo, que resultó en el encarcelamiento de varios periodistas, entre ellos el director del semanario y el autor del reportaje, y acabó con la destitución de Strauss.
En esta ocasión la cosa no ha llegado a tanto, pero la presión de varios medios influyentes ha tenido como consecuencia el cese del fiscal general por haberse excedido al lanzar una acusación tan grave como injustificada contra los dos blogueros. La prensa germana ha aprovechado para criticar al Gobierno de Merkel por atreverse con los pequeños mientras no ha hecho nada, por no enturbiar sus relaciones con EE UU, después de que se revelase el espionaje al que los servicios secretos de la superpotencia han sometido tanto al Gobierno de Berlín como a empresas de ese país. En sus editoriales, los periódicos critican además que se trate de intimidar a los periodistas en lugar de tratar de encontrar a quienes desde el propio Gobierno o desde el Parlamento filtran a la prensa documentos o informaciones confidenciales.
Como ha señalado el presidente de la Asociación Alemana de Abogados, Ulrich Schellenberg, "los riesgos para el ejercicio de la labor periodística están aumentando claramente".
Según sospechan muchos, el Gobierno busca responsabilidades no sólo entre los periodistas, sino también entre los diputados de la propia comisión de secretos oficiales del Parlamento, algunos de los cuales denuncian que existen tensiones con los responsables de los servicios de información y creen que éstos han tratado de tenderles alguna trampa para ponerlos en evidencia.
Mientras, el Gobierno trata de dificultar la labor de los eventuales denunciantes con un proyecto de ley que permitirá conservar durante un tiempo indeterminado los datos de las telecomunicaciones de las personas con acceso a los secretos oficiales, lo cual afectará también a los periodistas.
