La Audiencia Nacional ha llamado a declarar -en calidad de investigados, lo que antes se denominaba imputados-, a exresponsables de las empresas Tudela Veguín e Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), lo que significa la entrada en escena de uno de los asuntos más oscuros de la magna ampliación de El Musel. Los detalles pueden ser tediosos, pero el hilo de la historia consiste en la razón de que no se utilizara durante cierto periodo de tiempo la cantera de Aboño, que era la que estaba más a mano de las obras. La investigación judicial irá ofreciendo datos al respecto, pero no hay que olvidar que una fortísima batalla energética se desarrollaba en el puerto gijonés durante su ampliación. Como es sabido, El Musel iba a ser destinado a polo energético, entre otras funciones, lo cual incluía un planta de biodiesel, molinos de viento para generación eléctrica, la planta regasificadora o una central de ciclo combinado, es decir, de gas. No hace falta anotar que nada de ello ha salido adelante, pero sí conviene evocar que tal potencial de actividades condujo al Gobierno de Principado a flirtear con unas y otras empresas en detrimento de HC, lo cual produjo unos efectos inesperados. Todo esto habla de las inmensas implicaciones políticas de la obra muselera, que es una faceta en la que los tribunales no han entrado -o no han hecho por ahora-. Por ese motivo, nunca habíamos visto tan procedente que la Junta General del Principado, u otras instancias políticas, indagaran con gran empeño sobre la cuestión.
