Parece que caminamos a una sociedad en la que casi todo está en venta. ¡Incluso la salvación eterna se puede comprar encargando muchas misas! Por tanto, podría no parecer extraño que la prostitución se regulase como una práctica mercantil más.
La prostitución, que es casi exclusivamente femenina, es una actividad controvertida pero ejercida durante mucho tiempo y en muchas culturas. En España no es ilegal, aunque tampoco está bien vista socialmente, como lo demuestra, entre otras cosas, que los anuncios de prensa sobre la misma han ido desapareciendo. Últimamente cuando la negociación o el servicio tienen lugar en la vía pública, algunos ayuntamientos, como los de Granada, Murcia y Alcalá de Henares, multan a clientes y prostitutas. Otros, como el de Valencia o Sevilla, solo a los clientes.
Si miramos la prostitución como la actividad mercantil que es, pues supone prestar un servicio a cambio de una remuneración, plantea dos problemas: uno referente a la justicia y otro a la corrupción.
Una transacción mercantil para ser legítima debe ser justa, es decir, tiene que existir cierta igualdad en el poder de negociación de cada parte. Así, la esclavitud nunca puede ser justa ni válida pues una parte tiene todo el poder y la otra ninguno. La prostitución con frecuencia también padece de este problema de desigualdad de poder negociador. Muchas veces las mujeres que se prostituyen no están en condiciones de igualdad, pues actúan forzadas por situaciones de gran pobreza o, lo que es peor, obligadas por mafias sin el mínimo escrúpulo que abusan de ellas con engaños y violencia. Obviamente, esto es indeseable social y legalmente.
Por otro lado, la corrupción se relaciona con el carácter de los bienes o servicios objeto de intercambio y en las normas que lo deben regir. El tema de la corrupción es complejo pues entra en el campo de la moralidad y no hay una moralidad universal. La corrupción supone comprar y vender algo que muchos consideran que no debe ser objeto de transacción. Cabe preguntarse si podemos disponer de nuestro cuerpo o si hay usos del mismo que son degradantes y por tanto no deseables. Considerar no válido traficar con el sexo es meramente opinable, no está basado en principios generalmente aceptados. La sociedad actual sigue siendo bastante mojigata a pesar de que la mayoría de las personas no saben realmente por qué, al no poder explicar, por ejemplo, por qué mostrar en público ciertas partes del cuerpo es ilegal, no lo permiten las religiones o no es aceptado socialmente. Adicionalmente, la prostitución es un servicio personal, pero también lo son el corte de pelo o el cuidado de las uñas y sin embargo estos últimos no se consideran moralmente indeseables. La diferencia entre ambos está en que la prostitución comercia con el sexo y éste sigue siendo tabú. Con frecuencia la prostitución degrada a las mujeres y fomenta actitudes indeseables frente al sexo, por esto corrompe la relación que tiene lugar con sus clientes.
Cabe preguntarse cómo se resuelven, o al menos mitigan, los dos problemas anteriores y si para ello serviría legalizar la prostitución. Para responder debemos considerar también las consecuencias prácticas de tal medida, principalmente para las mujeres que la practican.
Las sanciones por ejercer la prostitución criminalizan a las prostitutas, las hace más vulnerables, las obligan a desplazarse a lugares más aislados donde son más indefensas y no consiguen eliminarla. El grupo Antígona de la Universidad de Barcelona ha estudiado el efecto de las ordenanzas restrictivas sobre la prostitución, concluyendo que empeoran las condiciones de vida de las prostitutas y merman sus derechos. Sancionar solo a los usuarios genera los mismos problemas que si se sanciona a las prostitutas pues según Médicos del Mundo, que analizó el caso de Valencia, disminuye la prostitución en la calle pero la aumenta en pisos clandestinos y en clubs donde también aumenta la desprotección de las mujeres, su vulnerabilidad y la violencia física y psicológica hacia ellas. Adicionalmente, las prohibiciones dificultan que las mujeres denuncien las agresiones recibidas porque aumentan el riesgo de ser controladas por tratantes y proxenetas.
Por tanto, parece claro que regular legalmente la prostitución es una buena opción, pues haría más justa la relación entre las partes, clarificaría la naturaleza del intercambio disminuyendo su corrupción, mejoraría las condiciones sanitarias, laborales y de seguridad de las prostitutas y disminuiría el tráfico ilegal de las personas destinadas a esta actividad por parte de mafias y delincuentes.
