L. S. NAVEROS
El Ayuntamiento pedirá a la Delegación del Gobierno que no tramite el expediente para demoler los números 3, 5 y 7 de la calle El Villar y el 38 de la avenida del Mar. Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, que llevará hoy a la comisión de su área dos informes municipales oponiéndose a la actuación. El concejal considera que se trata de «una actuación del Jurásico, con un expediente plagado de errores, que además carece completamente de sensibilidad social y urbanística».
De llevarse adelante la propuesta, la demolición dejaría en la calle a los actuales inquilinos de los inmuebles, familias en su mayor parte integradas por personas mayores, pensionistas que pagan rentas antiguas.
La Delegación del Gobierno tramita este expediente en aplicación de la ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, ya que los alquileres que afectan a estas viviendas datan de esa época. Acogiéndose a esa ley, la promotora pide a la Delegación del Gobierno la extinción de los contratos, así como la autorización para el derribo y la posterior edificación.
«La Delegación del Gobierno pretende aplicar una fórmula arcaica que lo único que comporta es un claro perjuicio para un grupo de ovetenses. El Ayuntamiento va a informar en contra, aunque se trata de un informe no vinculante, la decisión será de la Delegación del Gobierno, pero espero que impere la cordura y no se aplique una norma que viene de los tiempos del gobernador civil», pide Mortera. El concejal de Urbanismo considera que la propuesta «no cumple la propia ley obsoleta en la que se apoya», ya que esta ley permite este tipo de operaciones «para casos de escasez de vivienda. Nosotros indicamos que no hay escasez de viviendas y que el mercado está en una situación de normalidad», apunta el concejal. «Cuando se actúa sin sensibilidad y sin competencias urbanísticas reales, ya que las que se esgrimen son ficticias y discutibles, y contra el interés de los ovetenses, no contra el del Ayuntamiento, se dan circunstancias, hechos tan anómalos como éste», criticó Mortera.
El Grupo municipal Socialista también pedirá que el Ayuntamiento informe en sentido negativo, según un comunicado firmado por la concejala Carmen Caballero. «El Grupo Socialista considera que el Ayuntamiento de Oviedo, ante este tipo de casos, debe dar prioridad al interés social de los ciudadanos afectados», afirma Caballero, que recuerda que entre los inquilinos «hay muchas personas mayores que residen en estas viviendas desde hace más de cuarenta años». Caballero reclama también que se preste ayuda domiciliaria a un vecino que en una reciente reunión sobre el problema se cayó y se rompió un brazo.
