Otra vez el «tira p'alante, que libres»

«... El calendario se está cumpliendo y nuestro compromiso es que el edificio de oficinas esté listo a principios de 2007 y el Palacio en otoño de ese mismo año...» (24 de julio de 2005: manifestaciones en prensa del señor Marrón, gerente de la sociedad Jovellanos XXI, refiriéndose a la parcela del antiguo Carlos Tartiere).

«... La obra (de ese nuevo Ayuntamiento) ya está en marcha... En su momento hubo cierta indefinición sobre algunas unidades... pero sí sabemos que será un edificio municipal...» (el señor Marrón, en la misma fecha y en las mismas declaraciones, refiriéndose a la parcela del Vasco).

«... En Oviedo tenemos un edificio reciente que, aunque discutido, responde fielmente a las necesidades que tenemos actualmente en la Justicia de la ciudad... Construir un nuevo edificio no está entre las prioridades de esta Consejería...» (7 de octubre de 2007: manifestaciones en la prensa del señor Cabaleiro, entonces director general de Justicia del Principado de Asturias).

Estas que acabo de transcribir son algunas de las cosas que se dijeron sobre las parcelas del Vasco y del antiguo Carlos Tartiere. Son sólo algunas, porque la historia de ambas, que parece interminable, da para mucho más; esa historia que comenzó en el mes de julio de 2000, cuando el alcalde de Oviedo anunció solemnemente que sobre ellas iba a desarrollarse una operación urbanística que iba a ser histórica para la ciudad, que continuó con la adjudicación a la sociedad Jovellanos XXI del segundo concurso convocado para ello (pues al primero nadie se presentó) y que siguió su camino con los múltiples cambios sobre lo inicialmente contratado y con el reiterado incumplimiento de lo pactado por parte del Ayuntamiento y de la adjudicataria, cuestiones ambas sobre las que habrá que volver alguna vez.

Y ahora, sorprendentemente y casi de improviso, parece que se quiere poner la guinda a tanto cambio con lo que constituirá, si se sigue adelante con el propósito, el mayor de todos ellos: la construcción de un edificio para Palacio de Justicia en la parcela del Vasco. Y eso constituye, en mi opinión y como mínimo, un mayúsculo error y es, otra vez, la aplicación de la política del «tira p'alante, que libres», aunque esto, habituados ya a ella, sea lo menos sorprendente del caso.

¿Por qué me parece sorprendente? Primero, por lo inhabitual del procedimiento seguido. En cualquier proyecto arquitectónico, desde el mayor de los palacios hasta la más modesta vivienda unifamiliar, se parte de un programa de necesidades, después se organizan los espacios para responder a las mismas y de ahí resultan unas superficies y un presupuesto económico; pues bien, en este caso, sin estar siquiera seguros de que existiesen las necesidades (al menos no las había unos cuantos meses antes, y a las declaraciones del responsable de Justicia del Principado me remito), y antes de redactar el proyecto, se fijó el coste final, sin especificar además cuánto de esa cantidad correspondía al suelo, cuánto al vuelo y cuánto a las obras ya iniciadas en la parcela y cuya cuantía asciende, según datos oficiales, a más de 24 millones de euros. Y, a partir de ahí, y con una rapidez inusitada, se trabajó para ajustar las necesidades (inexistentes hasta entonces, o al menos perfectamente aplazables) a la propuesta económica: es decir, se empezó la casa por el tejado.

Sorprende lo que podríamos llamar «desmesura» del edificio propuesto, tanto por su superficie (superior en dos veces y media a la de los espacios que ahora ocupan los servicios que allí van a ser trasladados) como por su elevado coste unitario (2.950 euros por metro cuadrado). Y sorprende, además, que los responsables del Principado manifiesten que aquellos espacios que van a quedar vacíos serán ocupados por otros servicios de la Administración autonómica, como si éstos fuesen a seguir creciendo indefinidamente en una autonomía como la nuestra que ya tiene casi todas las competencias transferidas y cuya población va disminuyendo inexorablemente.

Sorprende que no se explique con claridad cómo va a pagar el Principado los 190 millones de euros a que asciende la operación, y más aún en momentos en que los ingresos están disminuyendo y en el horizonte se anuncian otras importantes obligaciones financieras como las derivadas de las obras del puerto de El Musel.

Sorprenden los errores que están cometiendo los responsables de la operación en el manejo de los datos que podrían servir para el análisis de la misma y para comparación con actuaciones semejantes. Así, por ejemplo, al tomar como referencia la Ciudad de la Justicia de Barcelona, recién inaugurada, se manejan datos erróneos sobre su superficie (que es 233.345 m2, y no toda ella destinada a servicios judiciales, y no de 330.000, como en algún lugar se dijo) y se omiten otros datos sobre la misma que podrían ser de gran interés para la comparación, como su coste final (320.760.000 euros, incluido el equipamiento), su coste unitario (1.374,61 euros por metro cuadrado) y la población que allí va a ser atendida (1.900.000 habitantes, ocho veces superior a la que el proyectado Palacio va a atender aquí).

Y sorprende, en definitiva, lo que parece repentino cambio de criterio del Principado respecto a la ubicación de sus dependencias administrativas, después de que una de las explicaciones que se dieron para justificar la reciente compra de 12.000 m.2 de oficinas en la parcela del antiguo Carlos Tartiere fue la de agruparlas todas, actuales y futuras, en un lugar como aquel y próximas a las ya existentes.

He dicho al principio que, además de sorprendente, la decisión me parece un error, quizá motivado por ese afán de algunos de practicar la política del «tira que libras». Una decisión de este calibre necesita un período de estudio (y no solamente en lo que a la fijación de las necesidades se refiere) que no ha existido en este caso. Podría haberse comenzado, por ejemplo, por reflexionar sobre la propia ubicación del edificio, quizá no demasiado adecuada. Tendría que haberse estudiado, antes de nada, la ordenación de los 300.000 metros cuadrados de terreno propiedad del Principado que van a quedar liberados cuando el nuevo hospital entre en funcionamiento, porque ese sí que parece un lugar adecuado para ese Palacio de la Justicia que se pretende, y el horizonte de 2012 no debe ser un obstáculo para ello. Y los responsables del Ayuntamiento de Oviedo podrían haber caído en la cuenta de que ese error va a perjudicar, sobre todo, a la ciudad, porque ésta se va a ver privada definitivamente de una dotación que hace poco tiempo era fundamental como equipamiento de una capital europea de primer orden (Reinares dixit) -y a la que, por cierto, parece que hemos renunciado-, porque deja sin definir el futuro de aquellos terrenos del actual hospital y porque altera la programación del desarrollo espacial de las dependencias del Principado en la ciudad y las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana.

Me parece sorprendente y errónea, por tanto, la decisión. Pero hay algo que, además, me resulta decepcionante: la aceptación de la propuesta, y hasta el aplauso entusiasta a la misma, de los responsables de la Administración de la Justicia en Asturias. ¿De verdad están convencidos de que las necesidades espaciales de la misma van a crecer hasta dos veces y media más en los próximos años? Si es así, ¿dónde están los estudios que avalan dicha creencia? Y si no lo están, ¿por qué apoyan la propuesta sin ninguna objeción? Por desgracia, a la falta de reflexión de algunos de los administradores de la cosa pública ya estamos acostumbrados; pero resulta profundamente decepcionante que en tan cualificadas esferas se siga también la política del «tira p'alante, que libres».

En definitiva, que parece cumplirse el anuncio del señor Reinares en aquel Pleno de febrero de 2002: el futuro seguramente nos juzgará: lo malo para algunos es que ese futuro ya está aquí.