La candidata socialista a la Alcaldía, Paloma Sainz, y su marido, el ex director del IDEPA Víctor Manuel González Marroquín, han recibido un duro varapalo judicial por la gestión que ambos hicieron, desde sus respectivos cargos públicos, en la empresa de cartografía Venturo XXI, actualmente en concurso de acreedores. La sentencia ha sido dictada por el titular del Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo, José Manuel Raposo Fernández, que en ella desestima una demanda de protección al honor presentada por la propia Paloma Sainz contra el concejal y diputado del PP Jaime Reinares, que acusó públicamente al matrimonio de haber «saqueado las arcas públicas» en Venturo XXI.

El juez no sólo desestima la demanda de Sainz y le impone el pago de las costas judiciales, además hace un exhaustivo análisis de la gestión y las responsabilidades de ambos dirigentes socialistas en la trayectoria de la polémica empresa, con unas conclusiones demoledoras. El magistrado justifica este análisis en la necesidad de aclarar si las manifestaciones de Reinares, publicadas en este periódico, eran injuriosas o se basaban en la realidad y estaban amparadas por la libertad de expresión. Concluye que tanto en las acusaciones contra Sainz como en las que hizo contra su esposo, González Marroquín, Reinares se apoyaba en «un sustrato de verdad».

Respecto a la candidata socialista y actual portavoz municipal, el juez analiza las decisiones adoptadas por Sainz cuando era directora general de Formación Profesional, un cargo político que dependía del Gobierno regional. Entre otros cometidos, señala la sentencia, Sainz debía informar sobre si procedía o no otorgar a las empresas subvenciones a la formación, que incluían la obligación de contratar a parte de los alumnos. Y en el caso de Venturo XXI, Sainz informó favorablemente la concesión de varias subvenciones, por una cuantía que la sentencia cifra en 193.221 euros, pese a que su marido era miembro del consejo de administración de la sociedad y su principal promotor, según el fallo, que puntualiza que Venturo XXI dio pérdidas desde su creación, y que «contrataba personal que, en realidad, no necesitaba». El juez reprocha a Sainz que informara sobre las subvenciones a esta empresa, en vez de abstenerse, «lo que inexplicablemente no hizo». «Y no cabe oponer que ella ignorase que estuviese subvencionando a su propio marido», subraya el fallo judicial, que concluye que «fue la propia reclamante, infringiendo su deber de abstenerse en las circunstancias descritas, la que abrió la puerta a toda clase de insinuaciones, especulaciones y sospechas».

A continuación, el juez Raposo analiza con todo detalle la gestión de Víctor González Marroquín en Venturo XXI, de la que hace un retrato demoledor. Tras detallar cómo nació la empresa, creada por los hermanos Manuel y José Antonio Coronado, analiza la composición de las acciones, en las que junto a estos hermanos estaban varias sociedades públicas, vinculadas a Marroquín, como el IDEPA o la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras. Y concluye que «el hilo conductor» de todas esas empresas, que acaba con el nacimiento de Venturo XXI, es el propio Marroquín: «Puede afirmarse que Venturo es una idea, un proyecto y una creación personal del señor Marroquín, y fue él quien consiguió atraer hacia este proyecto todo el dinero público, del Principado de Asturias y del Estado, que se invirtió en la nueva compañía cartográfica». Hace mención el fallo a la amistad que unía a Marroquín con los Coronado, que considera «acreditada», y que Sainz no negó en el procedimiento judicial.

Tras enumerar las pérdidas que acumuló año tras año durante toda su existencia, que acabaron con su cierre por concurso de acreedores con una deuda de más de 5 millones de euros, el juez se pregunta «si hay algún motivo que pueda dar un poco de sentido a unos resultados tan desastrosos». Y afirma que encuentra la explicación en los informes elaborados por los administradores concursales. «De ellos se desprende que la creación de Venturo no fue precedida de un estudio serio y riguroso sobre su viabilidad, no hubo un estudio mínimamente sensato». Y añade que «puede afirmarse que la sociedad no nació cimentada en la realidad ni en criterios empresariales, sino sobre la base de la ilusión, el optimismo y las aspiraciones de grandeza de los que promovieron, alentaron y consintieron su creación». Los gastos eran, según su relato, desmedidos y había exceso de personal.