El presidente del sector de Justicia de CSIF Asturias, Luis Pérez, ha mostrado este martes su satisfacción por la intención del Gobierno asturiano de dar una salida a la problemática de las sedes judiciales de Oviedo y considera "aceptable en el momento y situación actual" la intención de ampliar la zona judicial de Llamaquique con la incorporación del antiguo edificio de Cajastur que hoy acoge la sede de la Consejería de Bienestar Social.
Pérez ha realizado estas manifestaciones a Europa Press tras conocer este domingo la intención del Principado de barajar la creación de un gran 'distrito judicial' en la zona de Llamaquique.
CSIF entiende que, si bien con unos cuantos años de retraso, la propuesta efectuada por la organización sindical en el año 2006 al por entonces Consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, se puede hacer ahora efectiva y solucionar así, "aunque sea una solución temporal", el problema de dispersión y dignificación de las sedes judiciales en la ciudad de Oviedo.
Pérez sostiene que CSIF ya desde el año 2006 viene denunciando la ausencia de inversiones previstas para dependencias judiciales en Oviedo desde que fueron asumidas las transferencias en materia de Justicia y que si se materializa este proyecto, se podría dar una salida "digna" a la problemática judicial actualmente existente.
CRÍTICAS A GABINO DE LORENZO Asimismo, el responsable de Justicia de CSIF ha señalado que "no puede compartir las declaraciones del Alcalde de Oviedo criticando la propuesta anunciada por el Consejero de Hacienda y Sector Público, puesto que éste ofrece una solución prácticamente inmediata ante la gravedad de un problema, que de no adoptarse en un breve plazo estrangularía a la Administración de Justicia, restando o anulando las posibilidades de modernización y que acarrearía unos costes de gestión altísimos, motivados principalmente por la dispersión e inoperatividad"
CSIF igualmente considera que cualquier traslado de sede de los funcionarios dependientes de la Administración del Principado, tanto de Bienestar Social como de la Administración de Justicia, debiera ser objeto de comunicación y consiguiente negociación con las organizaciones sindicales representativas, para lo cual entendemos debemos de estar puntualmente informados por el Gobierno Autonómico.
EUROPA PRESS
