Al menos 65 de los 119 trabajadores del plan de empleo local demandarán al Ayuntamiento por no reconocerles como personal laboral y para conseguir que el municipio les haga indefinidos no fijos. La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) apoya a los denunciantes y cree que el número de reclamaciones judiciales podría llegar a 90.

Así lo asegura Xaime Aranda, unos de los portavoces del sindicato, para quien el hecho de que la mayor parte de los trabajadores del plan el plan de empleo -cuyos contratos acaban en octubre- hayan "llegado a este punto" es la consecuencia directa de que el gobierno local "no haya hecho nada y haya dado la callada por respuesta a sus reclamaciones previas". Aranda se refiere a las quejas que elevaron 90 personas por vía administrativa hace un mes. Entonces, el concejal de Economía, Rubén Rosón afirmó que "estos trabajadores no pueden ser utilizados para tapar los agujeros de las plantillas municipales", pero que el Ayuntamiento tenía las manos atadas por la Ley de estabilidad presupuestaria, que le impide ampliar la contratación.

El portavoz de la CSI advierte de que en caso de que los juicios -uno por cada demandante- se celebren tras la finalización de los contratos del plan de empleo, "denunciaríamos despidos improcedentes y reclamaríamos la diferencia entre los salarios que les abonaron y lo que establece el convenio municipal. "Hay trabajadores que acaban el 1 de octubre, otros el 15 y el resto el 24 de ese mes", aclara Aranda, que confía en que los tribunales fallen a favor de los denunciantes "tal y como pasó en Gijón". Allí, varios trabajadores del plan de empleo lograron que la justicia declarase su despido improcedente y obligase al Ayuntamiento gijonés a indemnizarles con unos 1.500 euros, y además, cada uno reclamó entre 7.500 y 9.300 euros adicionales por las diferencias salariales.