Pregunta: "¿Pagó usted más dinero del que aparecía en la escritura pública?" Respuesta unánime: "sí". Los casi cuarenta testigos, que ayer fueron citados en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, aseguraron que la inmobiliaria a través de la que compraron un piso en la capital asturiana en el año 2008 les pidió dinero en negro. "A mí me llamaron por teléfono para decirme que tenía que pagar 6.000 euros en B", declaró un cliente. La Fiscalía y la Abogacía del Estado retiró los cargos contra uno de los tres empresarios (padre e hijos), acusados de defraudar casi un millón y medio de euros a la Hacienda Pública. Para los otros dos solicita una pena de dos años y seis meses de prisión, y el pago de una multa de más de cinco millones de euros. Ambos se acogieron a su derecho de no declarar.

Todos los testigos que desfilaron ayer por los Juzgados revelaron que el modus operandi de la inmobiliaria ovetense -calle General Yagüe- era el de solicitar una cantidad superior a la que figuraba en el contrato. "Me pusieron como requisito para la entrega de llaves que aportara 12.000 euros más en efectivo", afirmó una de las afectadas. Aunque se podrían haber negado, como alegaba la defensa, los clientes no lo hicieron, porque se encontraban entre la espada y la pared. "A nosotros nos exigían eso para poder tener la vivienda", confesó otro de los usuarios. En algunos casos, la cantidad solicitada en mano llegó a superar los 20.000 euros, sin que figurase en ningún papel. En total, fueron 251 viviendas, 266 plazas de garaje y varios locales comerciales, ubicados en la Avenida de Atenas, la Avenida Bruselas y la Plaza Europa.

La Fiscalía sostiene que la inmobiliaria no sólo omitía reflejar las cantidades que pedía en efectivo en las escrituras públicas de compraventa y en los contratos privados, sino que sus libros y registros contables arrojaban anomalías sustanciales al dejar de incorporar el precio real de venta de los pisos. Por su parte, la defensa, representada por los abogados Leandro Ubieto y Carolina Diezhandino, insistieron en el hecho de que muy pocos de los testigos reconocían a los acusados. En todo caso, al padre, porque había estado presente en la firma de la escritura, pero no como beneficiario del dinero. "Todo se lo dimos a una mujer", aseguraron los testigos en referencia a una empleada de la inmobiliaria. Los abogados también basaron la defensa en la existencia de una sociedad, que en aquel tiempo ejercía como comercializadora de las casas y que los clientes desconocían.

El Ministerio Fiscal cree que esta operación -enero 2006- se llevó a cabo con el único objetivo de aparentar un incremento de los gastos y la correspondiente disminución de la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades de la empresa por valor de 2,8 millones de euros. El juicio continuará hoy y se prolongará durante doce sesiones más -hasta el 6 de noviembre- debido al gran volumen de testigos.