La nueva ordenanza de terrazas, que entrará en vigor a partir de enero, fue aprobada por el anterior equipo de gobierno municipal (PP) después de dos años de negociaciones entre los vecinos y el sector, que se mostró radicalmente en contra desde el principio. La norma fue respaldada por el Pleno meses antes de las elecciones municipales de mayo y, entre otras obligaciones, exige al dueño del establecimiento a disponer de una terraza cien por cien accesible. Esto significa que las mesas, las sillas y los espacios deben estar, todos ellos, habilitados para personas con discapacidad. Por ejemplo, la ordenanza obliga a que haya un mínimo de 1,80 metros de acera entre la fachada del local y las sillas, que supone 30 centímetros más que la actual regulación. También establece que la terraza no puede superar la fachada del local o que el mobiliario debe recogerse y depositarse en el interior del local todas las noches. Los hosteleros creen que es muy restrictiva para sus intereses y pide que no se apliquen "conceptos ultrarrestrictivos". Ponen de ejemplo la situación de un aparcamiento, donde las plazas reservadas a los discapacitados "no son todas las del parking sino que hay varias de las que pueden disponer".
