El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó ayer remunicipalizar el servicio del agua, una proposición redactada por Somos y apoyada por el resto de partidos (IU, PSOE y Ciudadanos) salvo por el PP. La decisión adoptada ayer, en realidad, no cambiará nada a corto plazo porque la empresa que actualmente gestiona el agua en la ciudad (Aqualia) tiene concesión hasta el año 2046 y con una prórroga posible de otros 25 más. El gobierno no detalló ni plazos ni cuánto costaría revertir a lo público el contrato. Se limitó a decir que la idea de remunicipalizar el servicio es "a medio plazo" y que la decisión incluye un gran "pacto social" sobre el agua.

Lo que sí dijo el tripartito, primero la concejal Ana Rivas (PSOE) y luego la edil Ana Taboada (Somos), es que se van a intensificar los controles a la empresa para garantizar el buen abastecimiento de agua en las zonas con mayores dificultades, especialmente en zonas rurales.

El servicio del agua fue privatizado por el exalcalde Gabino de Lorenzo (PP) en el año 1996. Entonces se dio una concesión de 50 años, prorrogables a 75, decisión que mereció ayer muchos reproches. Entre ellos el de Luis Pacho, edil de Ciudadanos, que criticó al PP: "La concesión traspasa a tres generaciones", aseguró.

Cristina Pontón, portavoz de IU, defendió la proposición asegurando que el agua es un "bien universal que nunca debió ser privatizado" y que debe gestionarse desde lo público, una opinión similar a la de Ana Taboada (Somos), que defendió que el pacto social por el agua existe en otros ayuntamientos como Gijón o Villaviciosa. El PSOE no firmó la moción, pero sí la apoyó. La concejal socialista, Ana Rivas, explicó que no está de acuerdo con varios puntos, como que la gestión del agua sea mala o que la calidad se haya deteriorado, pero lo apoyó porque "los socialistas defendemos la gestión pública del agua". "El agua ha sido un negocio ruinoso y lucrativo para algunos", añadió el edil Rubén Rosón.

Eduardo Rodríguez, concejal del PP, defendió la eficacia de la gestión privada y exigió al tripartito que valore si es viable económicamente remunicipalizar el servicio.