Agustín Iglesias Caunedo, ex alcalde de Oviedo y líder del PP en la capital del Principado, ha solicitado que se declare nula la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo de citarlo a declarar en calidad de imputado por dos delitos de cohecho y prevaricación dentro de la denominada "trama del agua". Caunedo alega indefensión al desconocer el contenido de la denuncia más allá de lo que aparece en la citación para declarar.

En el caso de Caunedo, incluido dentro del denominado "caso Pokémon", la titular del juzgado lucense quiere que el exregidor ovetense aclare si pagó de su bolsillo los viajes que realizó a Florida, Nueva York y Croacia en compañía de varios amigos, y que según los datos encontrados en el ordenador de Joaquín Fernández -amigo de Caunedo, ex alto cargo del PP asturiano y supuesto "conseguidor" de la trama del agua-, fueron pagados por la empresa Aquagest. En el escrito remitido por el abogado de Caunedo, Pelayo Fernández-Mijares, se solicita a la jueza que deje sin efecto la imputación por ser "claramente irregular". El letrado sustenta su afirmación en que Caunedo desconoce la resolución judicial que da luz verde a su imputación, que no conoce los motivos por los que ha sido imputado y que tampoco se le ha dado "traslado de la denuncia, querella o documentos" en los que el Juzgado se basa para llevar a cabo la imputación.

Esta situación, a juicio del abogado de Caunedo, ocasiona "una evidente indefensión" al exalcalde. Principalmente, y siempre según la versión del político popular que se recoge en el escrito remitido al juzgado, esta situación impide que Caunedo "pueda ejercitar sus derechos y defenderse adecuadamente" frente a las imputaciones que realiza el juzgado. Fernández-Mijares insiste en que Caunedo "desconoce totalmente los hechos que se le imputan" salvo "la mención genérica que se contiene en la citación recibida al cohecho y la prevaricación". "No se sabe de dónde se obtienen esas calificaciones delictivas ni los documentos que pueden sustentarlas". El letrado de Caunedo asegura que el exalcalde ya ofreció "las explicaciones oportunas" sobre los viajes y que el político conservador "entregó las correspondientes cantidades de dinero en efectivo" al organizador de los mismos, Joaquín Fernández, "dada la relación de amistad y confianza existente" entre ambos.

De todas formas, y en el caso de que el juzgado entendiera que existe un delito, este no pasaría del denominado cohecho impropio. De ser así, el abogado de Caunedo apunta que la causa debería "ser archivada y sobreseída" ya que los hechos habrían prescrito al pasar más de seis años desde los viajes (fueron en 2009).

Al mismo tiempo, la Fiscalía lucense ha rechazado apoyar una batería de recursos -que ahora tendrán que ser estudiados por la juez- presentados por algunos de los imputados en la supuesta "trama del agua". Dos se presentaron contra la aceptación como acusación popular del sindicato Manos Limpias y el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (Ocan). La Fiscalía considera que ambas asociaciones tienen derecho a seguir en la causa. De igual forma, el ministerio fiscal ha recurrido la petición de la defensa de Joaquín Fernández de que se saquen de la causa las fotografías en las que él, Caunedo y Manuel Pecharromán, ex concejal del Ayuntamiento de Gijón, aparecen en algunos de los viajes puestos en duda. La Fiscalía considera que las imágenes "acreditan" tanto la realización de los viajes como su "nivel".