La nueva ordenanza de terrazas entró en vigor ayer, 1 de enero, y pocas cosas han cambiado en la ciudad. De un lado, la norma afecta de momento solo a las terrazas sin estructura, las conocidas como "tipo A" y por otro, la mayoría de los hosteleros de la ciudad se han declarado "en rebeldía". Prefieren correr el riesgo de ser denunciados y pagar los 290 euros del "primer aviso" antes que gastar una media de 3.000 euros en adaptarse a una ordenanza que han impugnado en los tribunales. Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Oviedo, de los 622 bares con terrazas "A" que hay en la ciudad sólo han solicitado una licencia para adaptarse a la nueva ley 340 hosteleros, de manera que 282 (el 45 por ciento) aún no han dado el paso. En la ciudad hay en la actualidad 700 terrazas, 78 de ellas "tipo B", con estructuras, que aún cuentan con un año más de plazo para adaptarse a la nueva normativa.
Además, los que sí han solicitado licencia lo han hecho a última hora, por lo que al Ayuntamiento de Oviedo no le ha dado tiempo a tramitar 65 licencias de terraza, a cuyos titulares se les ha requerido más documentación. Además, se han denegado 37 nuevos permisos a aquellos hosteleros cuyo proyecto no cumple con la nueva normativa vigente.
Precisamente, ayer por la tarde, un grupo de hosteleros celebró una reunión sobre la entrada en vigor de la ordenanza y la mayoría estuvo de acuerdo en no hacer nada. Según ha podido saber este periódico, prefieren seguir como están y correr el riesgo a ser denunciados, de oficio, o por un particular. En ese caso, recibirán un aviso de que están infringiendo la ley, lo que conlleva una sanción de 290 euros. A partir de ahí se les da un plazo temporal para que se adapten a la ley; de lo contrario les retiran la terraza y les pasan la factura, de unos 3.000 euros.
Otros, en cambio, sí han hecho los deberes y están "legales". Es el caso del presidente de uno de los colectivos de hosteleros de la ciudad, Unión y Defensa de la Hostelería en Asturias (UDHA), cuyo presidente, Edén Jiménez, regenta un negocio en la calle Manuel Pedregal. Para adaptarse a la nueva norma ha tenido que retirar las mesas altas y reducir el número de mesas de 10 a 7. "No soy uno de los más perjudicados, pero en La Ruta de los Vinos, las mesas altas están pensadas para eso, para ir de ruta", comenta Edén Jiménez, que ha invertido cerca de 3.000 euros en cambiar su terraza para adaptarse a la ley. Otros hosteleros han reciclado muebles, como un local de la misma calle que ha recortado literalmente las patas de sus sillas y mesas altas para reducir altura para que el mobiliario cumpla con la prescripciones de accesibilidad.
A pesar de que la ordenanza de terrazas, aprobada por unanimidad por la anterior Corporación municipal, entró en vigor ayer, el concejal de Turismo, Rubén Rosón (Somos), anunció a los hosteleros que será revisada a lo largo de 2016 en unas mesas de trabajo en las que participarán todos los sectores implicados. Uno de los aspectos más polémicos de la ordenanza que regulará la instalación de terrazas es la obligatoriedad de que todo el mobiliario sea adaptado a discapacitados. Además, los hosteleros pelean por fijar la servidumbre de paso en 1,50 metros, en lugar de 1,80.
El asunto está en los tribunales porque varios colectivos de hosteleros decidieron impugnar la normativa; en contra están varias asociaciones de vecinos, como la del Fontán y El Antiguo. En el marco de este proceso, los hosteleros pidieron una moratoria hasta que se resuelva el asunto pero no se la han concedido. Una de las solicitudes estaba apoyada en un estudio que auguraba el cierre de más de la mitad de las terrazas de la ciudad y la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos.
Tras reunirse con el concejal de Turismo la semana pasada, los hosteleros de la UDHA anunciaron la posibilidad de convocar un cierre patronal del sector.
