Los cambios en las ordenanzas fiscales que está preparando el área de Economía, dirigida por el edil Rubén Rosón (Somos), han generado ya controversia antes incluso de que estén plasmados en un papel. Lo que el lunes era un plan para subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el centro de la ciudad y bajarlo en los barrios aplicando un "criterio de territorialización" se quedó ayer, un día después, en otro plan bien distinto en el que ya no había diferenciación ni por zonas, ni calles ni barrios, sino por el uso al que esté destinado el inmueble en cuestión. Rosón matizó ayer sus propias explicaciones y anunció que lo que se está estudiando es implantar un IBI para las casas y otro distinto para los inmuebles no residenciales, es decir, para comercios, oficinas, superficies y resto de locales no destinados a la residencia de las personas, ya sean supermercados o centros sociales.

Y ahí está la primera gran novedad. Si el plan que estudia Rosón sale adelante, para lo que tendrá que tener la aprobación de sus socios, Oviedo separará "por primera vez" el IBI de casas y comercios. Unas tendrán un tipo y otras tendrán otro, algo que, según señalan en Somos, es "inédito" en la ciudad. La idea es dejar el IBI como está para los pisos, de forma que los vecinos no se vean afectados, y tocar el de las viviendas no residenciales.

Y aquí viene la segunda gran novedad: sobre los inmuebles no residenciales se pretende aplicar un criterio de progresividad teniendo en cuenta el valor catastral. Esto quiere decir que a partir de un determinado valor catastral el tipo de IBI salta de tramo y sube, como sucede en el impuesto sobre la renta. Por ejemplo: un pequeño comercio que tenga un valor catastral de 60.000 euros, tendrá un tipo de IBI más bajo que el de una gran superficie con un valor catastral de, por ejemplo, un millón de euros. Y se habla de ejemplos porque, de momento, Rosón no especifica dónde situará el baremo, a partir de qué valor catastral subirá automáticamente el tipo de IBI a aplicar. No concretan una cifra, pero sí un objetivo: la idea, explican desde el partido podemista, es "proteger" a los pequeños comercios y gravar a los grandes. Rosón lo explicó así: "Lo que tratamos es de beneficiar al pequeño comercio haciendo que los inmuebles donde se desarrollan los macronegocios, las grandes superficies y las cadenas de distribución de Oviedo sean más solidarios con las arcas públicas mediante un IBI diferenciado". El edil podemista continuó: "En ningún caso se trata de subir el IBI al pequeño comercio sino de asegurarnos que los grandes establecimientos multinacionales del sector terciario, con ganancias millonarias, aporten más a las arcas públicas para que los pequeños comercios del centro y de los barrios aporten de una manera más proporcional".

El edil insistió en que las medidas que se analizan tratan de que paguen más los "grandes negocios con grandes ganancias" a pesar de que en consciente de que el IBI es un impuesto que no busca gravar un beneficio sino un bien, que no es un tributo de carácter personal, como pueden serlo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el de Patrimonio, sino que tiene carácter real, que grava el propio bien con independencia de la capacidad económica de su propietario.

Las medidas planteadas por Rosón están en estudio. En estudio por el área de Economía, en manos de Somos. Ni PSOE ni IU, sus socios, saben de momento nada del asunto, por eso la formación morada insiste en que es una posibilidad, que no hay nada cerrado y que es un planteamiento "general" que se está analizando. El planteamiento forma parte de las modificaciones en las ordenanzas fiscales que Economía quiere tener listas en el mes de septiembre para poder aplicarlas a partir del año 2017.

Además, el concejal de Economía criticó al PP por haber calificado las medidas de "ilegales" cuando, dijo, "no sólo son legales sino que son de uso habitual en centenares de Ayuntamientos de toda España".