La factura por el palacete de "Villa Magdalena", situado en la avenida de Galicia, le puede costar a la ciudad nueve millones de euros más de lo previsto. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, Comamsa, empresa propiedad de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, antiguo dueño del palacete, ha exigido sumar a la factura prevista de 35 millones -que es la cantidad que el tripartito había asumido que falta por pagar- 2,5 millones relativos al aprovechamiento de un garaje, 500.000 euros más de intereses y unos 6 millones de IVA. Si todas estas peticiones prosperan, a la ciudad le quedarían por pagar 44 millones de euros por la expropiación del palacete, cantidad que se tendría que sumar a los 30 ya abonados desde 1998, cuando la finca se expropió por primera vez (en 3,1 millones).
En total, si salen adelante la petición de la empresa, la factura del palacete, hoy convertido en una biblioteca, ascendería a los 74 millones de euros, que es casi el coste de construir dos veces el estadio Carlos Tartiere, 18 millones más que lo que costó levantar el hospital de Mieres (56 millones, 300 camas) o que es 12 millones más que lo que suman los presupuestos del Oviedo (12 millones) y del Sporting (50 millones) juntos.
Tras el varapalo judicial de mayo, en el Ayuntamiento habían calculado un desembolso de 35 millones. El tripartito consideraba esta cifra "definitiva" y así lo constató el pasado mes de agosto, cuando aprobó en Junta de Gobierno presentar la solicitud para acceder a un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), petición que todavía está por contestar. Sin embargo, poco tiempo después llegó al Consistorio la notificación de que la empresa pedía más por el palacete. En concreto, Comamsa pide revisar el justiprecio fijado (algo más de 47 millones de euros) por el aprovechamiento de un garaje. La empresa pide que se tenga en cuenta la valoración originaria del garaje (que lo tasaba en base a 300 plazas) y no la última valoración del jurado de expropiación, que reducía las plazas a la mitad y que la empresa considera anulada por el Supremo. Esta variación supondría alrededor de "2,5 millones de euros" en la deuda principal. Además, la empresa solicita que el Ayuntamiento pague el 21% de IVA, unos seis millones (el requerimiento llegó ayer al Ayuntamiento) y 500.000 euros más de intereses. En total, 9 millones a sumar a los 35 que había calculado el gobierno local.
En el seno del tripartito ya conocen esta posibilidad y prefieren mantener la cautela hasta que no se fije el precio final. Sin embargo, son conscientes de que un incremento de nueve millones de euros en la factura, que supone el 60% de lo destinado este año a inversiones, lastraría "aún más" las arcas municipales. Ayer, preguntado por este periódico, el concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), calificó de "saqueo" el "afán" de la empresa "por lo público". "Es una sociedad privada que ya tiene 30 millones de euros en el bolsillo. 30 millones de todos los ovetenses. Ahora se atreve a pedir más. Aquí se ve el interés de saqueo por lo público que tiene esta empresa", se quejó el edil, que calificó de "auténtica ruina" el "desfalco para los ciudadanos" que supuso "la gestión del PP" en la ciudad.
La decisión del Supremo supuso un "duro golpe" para el Ayuntamiento, que no esperaba una sentencia desfavorable de una operación que se inició con el exalcalde Gabino de Lorenzo (PP) en la Alcaldía. En el gobierno local temen que una expropiación que empezó en 3,11 millones en el año 1998 acabe finalmente "costándole a los ovetenses" 74 millones de euros.
