A falta de cuatro días hábiles para que entre en servicio el nuevo modelo mixto de recaudación en Oviedo con funcionarios municipales y el ente público de Servicios Tributarios, los trabajadores afectados por el ERE de la empresa que llevaba el servicio en Oviedo hicieron ayer un llamamiento de urgencia a "la cordura" del tripartito para evitar lo que, alertan, será un caos. Hasta el punto, vaticinó el abogado Gerardo de la Iglesia, que acabará provocando una "amnistía fiscal, un Montoro dos" en la ciudad, ante la imposibilidad de los ciudadanos de pagar sus impuestos.
Ángel Fernández y María Jesús Castiñeira, delegados de personal por UGT en la negociación del ERE, aseguraron que "a día de hoy todavía habría soluciones para remunicipalizar el servicio sin dañar la atención al ciudadano y sin prorrogar a la empresa". La propuesta consiste en que el Ayuntamiento haga un contrato laboral a los 27 trabajadores afectados por los despidos de La Auxiliar. Sugieren que el tripartito podría negociar también quedarse con las oficinas desde las que actualmente se gestiona el servicio.
Eso evitaría, según su análisis, la incertidumbre que hoy se plantea a los ciudadanos de Oviedo sobre la forma en que podrán pagar sus impuestos. Fernández y Castiñeira expusieron que ahora mismo no se sabe en qué página web se podrán gestionar el pago de tasas y multas, quién se encargará de los expedientes concursales, la deuda de las personas físicas extinguidas, del certificado de pago del IBI, fraccionamientos, aplazamientos o cómo un ovetense podrá pagar el día 3 de enero una multa si ese día se le acaba el plazo para el abono reducido. Ángel Fernández afirma que "el diablo está en los detalles" y que mientras el convenio con el ente de Servicios Tributarios cede al Principado, "dos padrones jugosos y sencillos como son la viñeta y el IAE", preocupa quién se encargará del resto. "Si pueden encargárselo a los siete empleados públicos", aclaró, "les tocará hacerse cargo de los expedientes más trabajosos y especializados, con una carga de trabajo de ciencia ficción para ese personal". El abogado Miguel Teijelo, que ya ha logrado ganarle a la administración local dos recursos que anulan parcialmente la convocatoria de plazas para el servicio remunicipalizado, abundó en esta idea y anunció que el juzgado que adoptó medidas cautelares ha dado diez días al Ayuntamiento para que informe qué está haciendo con esas plazas y cómo pretende cubrirlas.
Para Teijelo, es imposible que "los siete magníficos", en referencia a los funcionarios que se harán cargo del servicio, puedan llevarlo a cabo. "El sistema mixto", concluyó, "es un sistema que fracasará, y no hará falta que lo paralice el juez porque lo paralizará la ciudadanía".
Recurso al convenio
Teijelo confirmó que la próxima semana planteará un recurso contra el convenio con el Principado. Entiende que la ilegalidad radica en disfrazar de convenio lo que en realidad es un contrato, vulnerando la ley 40/2015. Y alertó de que "en breve" alguien pedirá al ente público, "que adecúe a la legalidad todos los convenios con el resto de ayuntamientos". Teijelo añadió otra irregularidad: "El Pleno todavía no ha acordado ninguna decisión sobre el cambio de gestión en el servicio como sí se hizo cuando se privatizó. Ahora tendrían que hacerlo justo al revés, con los respectivos informes", indicó.
Los abogados también apuntaron a un nuevo frente judicial con los opositores, a quienes, expusieron, habrá que devolver las tasas y que podrían pedir responsabilidades patrimoniales.
Por último, los trabajadores replicaron a las acusaciones formuladas por el concejal de Somos Rubén Rosón dirigidas al PP por haber hecho de las contratas municipales "una agencia de colocación de familiares y amigos". Ángel Fernández tildó al edil de "agitador de barra de chigre" y lamentó "que un izquierdista intente injuriar a un colectivo de trabajadores que en su mayoría han pasado procesos de selección y ni son familiares de políticos del PP ni de ningún otro partido".
