La familia de Sergio Muñiz Brioso, secuestrado y asesinado en Colombia en agosto de 2013, ha solicitado al consulado colombiano en Bilbao que sea declarado víctima del terrorismo, aprovechando el proceso de paz abierto en el país andino. La Fiscalía de ese país ha confirmado a los letrados de la familia del ovetense que "personas que concurrieron en la realización de estas conductas punibles (léase el asesino del joven ovetense) en calidad de coautores, son miembros de la organización subversiva Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes en cautiverio acabaron con la vida de forma violenta del ciudadano español Sergio Muñiz Brioso".
La respuesta del consulado, sin embargo, no ha podido ser más decepcionante, al indicar que "los asesinatos de las FARC han dejado de ser investigados, el entrar dentro de la negociación". La letrada Judith Gómez, del despacho VoxLegis de Oviedo, indicó ayer que "la conclusión es que no se investiga el asesinato de esta persona, que sigue sin aclararse, y que la familia está sufriendo una desatención clamorosa: se ha secuestrado y asesinado a un ciudadano español y parece que no le importa a nadie, porque ni España ni Colombia hacen nada".
Los letrados están intentando contactar con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el fin de obtener la citada declaración de víctima del terrorismo. Obtener esta condición permitiría a la familia acceder a algún tipo de prestación. Según la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, "los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional que no formen parte de contingentes de España en el exterior, siempre que los grupos responsables no operen habitualmente en España, y de atentados que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra intereses españoles, tendrán derecho a percibir, exclusivamente una ayuda económica. Si el español no tuviera su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 40 por ciento de las cantidades fijadas para las indemnizaciones por las citadas contingencias". Además, "la ayuda económica tendrá carácter subsidiario de las compensaciones que puedan ser reconocidas a la víctima por el Estado donde se haya producido el atentado. Si la indemnización a percibir en el exterior fuera inferior a la establecida en España, el Estado español abonará la diferencia".
Sergio Muñiz, de 28 años, viajó a Colombia el 5 de junio de 2013, un trayecto que ya había realizado con unos amigos unos meses antes. Unos días después, el 13 de junio, el joven llamó a su madre asegurando que la banda de "Los Rastrojos" le tenía retenido y pedían un millón de euros para su liberación. El 7 de julio, la Audiencia Nacional archivó el caso. Mes y medio después, el 23 de agosto, fue encontrado asesinado de cinco disparos.
En diciembre de 2013 cayó en un enfrentamiento con la Policía colombiana Diego Fernando Tabares, "Lucho", líder de una banda de delincuentes aliada de las FARC, al que se atribuye el asesino de Muñiz. A principios de 2014, el caso se reabrió en la Audiencia Nacional, pero a la familia no le consta que ahora se esté investigando. Ese mismo año 2014, la Policía detuvo a 18 personas en la "operación Angliru", una trama astur-gallega de tráfico de drogas relacionada con el secuestro y asesinato de Muñiz.
