Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tendrán que buscarse la vida para trasladar la voluminosa documentación que acostumbran a mover. El Ayuntamiento ovetense les prohíbe desde ayer acceder con sus coches particulares por la zona peatonal de la calle Schultz a la calle San Juan, que comunica los dos edificios en los que se distribuye el alto tribunal asturiano. "No sé cómo se van a arreglar", se lamentó ayer el presidente del TSJA, Ignacio Vidau, quien además negó que desde este organismo se hubiera tramitado tarjeta alguna con el Consistorio para que los jueces pudieran circular y aparcar en las zonas peatonales de la ciudad. "Si alguno la tiene, lo será a título personal", afirmó, pero incidió en que él no tiene inconveniente en que se diga quiénes son y que "ellos den las explicaciones oportunas".

Vidau explicó que los jueces suelen llevarse trabajo para casa, especialmente los fines de semana, lo que les supone mover cantidades importantes de documentación. Por ello, el TSJA envió al Ayuntamiento una lista de los jueces que necesitaban acceder con sus vehículos particulares hasta la sede del alto tribunal de la región. En la calle San Juan paraban, cargaban los documentos y se iban. Una operación que realizaban especialmente los viernes y a primera hora del lunes.

El presidente del TSJA explicó ayer que se habían enterado recientemente de que a partir de ayer, todos los permisos estaban revocados y que no podrían volver a acceder con los vehículos a la plaza Porlier.

Este "trastorno" con la documentación judicial no es la única que sufren los magistrados y el personal de Justicia en Asturias. Por ejemplo, la dispersión de los edificios judiciales hace que los jueces tengan que afrontar importantes desplazamientos para cubrir vacantes. Pero lo peor es cuando el personal administrativo se ve obligado a trasladarse en autobús por toda la ciudad con documentación judicial bajo el brazo. Eso es lo que pasa entre el Juzgado de Menores, que se ubica en la calle Benedicto Santos, y el Juzgado de Vigilancia Penitenciario, en La Corredoria.

Este tipo de situaciones, entre otras, es lo que ha llevado a la judicatura asturiana a reclamar la creación de la "Ciudad de la Justicia", donde se aglutinen todos los Juzgados y sea accesible tanto para los agentes del sector como para los ciudadanos.

El presidente del TSJA admitió los contratiempos que les supone a los magistrados la decisión del Ayuntamiento ovetense, cuyos servicios técnicos del área de Seguridad Ciudadana calculan que existen 1.031 permisos de tarjetas que permiten circular y aparcar en zona peatonal. Pero tampoco eludió responder a las acusaciones vertidas por un grupo de agentes de la Policía Local que denunció recientemente que existen permisos de aparcamiento en poder de "jueces y empresarios" locales que no deberían de tenerlos. El edil de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, afirmó el pasado martes que no podía asegurar si esta acusación es cierta o no "porque hay datos de los que todavía no dispongo, pero estamos tratando de averiguar si ha habido ese tipo de concesiones, cuántas se han otorgado y cuáles fueron los motivos para concederlas".

Vidau fue contundente al afirmar que desconocía si hay magistrados "a los que alguien les dio alguna tarjeta". Pero añadió: "no tengo ningún inconveniente en que se diga quienes son esos jueces y ellos den las explicaciones oportunas", porque actuaron a nivel particular.