El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) puso ayer a la venta por 1,64 millones de euros la antigua residencia de oficiales Comandante Vallespín del barrio del Milán, cuya superficie total es de 1.221 metros cuadrados. Este organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, trata de dar salida así al edificio después de que quedaran desiertas las dos pujas abiertas previamente. La primera, por importe de 1,82 millones, y la segunda por 1,64 millones, que es el precio establecido ahora para la venta del inmueble. Un portavoz del instituto oficial precisó ayer a este diario que el plazo máximo establecido para completar la operación es de un año.
La decisión de vender el edificio por parte del departamento que encabeza la ministra María Dolores de Cospedal (PP) ha sido rechazada de plano por el gobierno municipal, que abogaba por que la Administración central le cediera la antigua residencia para destinarla a centro vecinal.
El PP ha acusado al tripartito de ser el responsable de esta pérdida de patrimonio por lo que considera una "incapacidad para el diálogo con otras administraciones".
Suelo urbano
La finca en cuestión está calificada como suelo urbano consolidado y calificada como "edificación residencial cerrado". El solar en el que se levanta la antigua residencia de oficiales tiene una superficie de 227 metros cuadrados y dispone de semisótano (157 metros), planta baja (241 metros), cuatro pisos (192,44 metros) y un torreón (53 metros). Para publicitar su venta, el Ministerio destaca que el edificio ubicado en el número 14 de la calle Teniente Alfonso Martínez, en la confluencia con la plaza de Santullano, "se encuentra totalmente integrado en el entramado urbano, por lo que tiene acceso directo a todos los servicios de la zona". "Se trata de una parcela situada en una extraordinaria zona de Oviedo rodeada de edificios universitarios", añade.
Ahora bien, Defensa también advierte de que el vetusto inmueble militar del Milán forma parte del entorno de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, lo que obliga a que cualquier intervención que se proponga sea sometida previamente a los requisitos de la legislación vigente en materia de protección del patrimonio.
