Más de tres años después de que se produjese el desalojo del antiguo edificio de la Consejería de Sanidad, en la calle General Elorza, los tribunales han puesto ya fecha para la comparecencia de los diez acusados de ocupar este inmueble. Los procesados, miembros del colectivo social "La Madreña", entre ellos el concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón (Somos), y el diputado de Podemos en la Junta General de Principado, Andrés Fernández Vilanova (Podemos), están llamados a declarar el próximo 25 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número de 2 de Oviedo. Para ellos, la Fiscalía reclama multas de 1.440 euros -una sanción de cuatro meses a razón de doce euros diarios- por tomar el edificio, que se encontraba deshabitado, el 15 de noviembre de 2011 con el "ánimo de utilizarlo de una forma permanente y para fines personales".

En su escrito, el fiscal incide también en que los miembros de "La Madreña" no contaban con el permiso de la empresa pública Sedes, propietaria del inmueble. Los activistas utilizaron el espacio para crear un centro social en el que se realizaban actividades culturales y de ocio en las que participaron cientos de personas hasta 2014. El 29 de abril de ese año, la Audiencia Provincial ordenó un desalojo que, tras varias visitas policiales al edificio, se ejecutó finalmente un mes después, el 3 de junio.

Fue a las 06.30 horas cuando agentes de la Policía Nacional se presentaron en el inmueble y e encontraron cerrada la valla que daba acceso al espacio ajardinado a través del cual se accedía a la entrada principal de las instalaciones, que había sido apuntalada. En el interior encontraron a cinco miembros de "La Madreña", entre ellos el actual diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, que dieron la voz de alarma al resto de simpatizantes del movimiento y terminaron por abandonar el edificio caminando. El operativo policial desplazó al número 32 de General Elorza un centenar de agentes para dar cumplimiento al auto judicial que ordenaba el desalojo.

El tiempo que los "madreñeros" ganaron con los obstáculos que colocaron a las fuerzas de seguridad para retrasar su expulsión, sirvió para que cerca de un millar de personas acudieran a manifestarse. La protesta se extendió a lo largo de todo el día y dejó un herido, con una brecha en la cabeza producida tras una carga policial. Una vez el edificio quedó vacío, la empresa pública Sedes, la propietaria del solar, solicitó al Ayuntamiento que reactivase la licencia de derribo que ya había solicitado en 2011 y comenzó, después, a desmantelar el inmueble. Una operación que comenzó con la retirada de las ventanas en noviembre de 2014 y que terminó por el derribo total del antiguo edificio de la Consejería de Sanidad. La propietaria consiguió después dar uso a los terrenos, en los que se construye en la actualidad una promoción de viviendas.

Después de que el asunto llegase a los tribunales, los miembros del colectivo "La Madreña" iniciaron una campaña para apoyar a los diez acusados llamados a juicio el próximo 25 de septiembre. Repartieron entre todos los que habían sido usuarios del centro social "hojas de autoinculpación" para que mostrasen su solidaridad con los procesados por los hechos que la Fiscalía considera constitutivos de un delito de usurpación. Además, celebraron diferentes protestas.