El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Oviedo, el socialista Ricardo Fernández, aseguró ayer que el número de multas de tráfico prescritas o caducadas en los dos últimos ejercicios ni siquiera alcanzó el 2% del total. El edil del PP Gerardo Antuña había acusado al Ayuntamiento de perder de ingresar 360.000 euros por la mala gestión del gobierno a la hora de tramitar las multas, pero Fernández sostiene que la cantidad real "era mucho menor", al recordar que el popular no tuvo en cuenta "las reducciones del pronto pago".
Fernández reconoce que en 2016 prescribieron 1.004 multas y a lo largo del pasado año se dejaron sin cobrar 412 sanciones sobre un total de 80.000. El concejal atribuye dicha situación a dos factores: la escasez de personal y los problemas derivados del recurso a un contrato de servicios postales, que obligó a realizar contratos temporales a la espera de que los tribunales determinen una solución.
Las cifras chocan con las aportadas por la oposición. Antuña asegura que las multas prescritas y caducadas fueron 1.744 procedimientos y achaca el haber dejado pendientes los cobros a la "incapacidad política" del concejal de Seguridad, al cual responsabiliza de que las sanciones no se gestionen con la diligencia exigible para una administración pública.
A este respecto, Fernández replica que las causas de las prescripciones "son ajenas" a las labores propias de su concejalía. Subraya que los problemas municipales con los servicios postales se deben a un problema de contratación y la escasez de personal es "un mal generalizado" del Consistorio ovetense.
