El mantenimiento de la red semafórica de Oviedo estuvo casi un año gestionado a través de contratos irregulares. Primero, una prórroga que excedía el límite establecido en el contrato inicial y después, a través de renovaciones de un mes en forma de contratos verbales que alargaron la adjudicación de forma ilegal hasta enero de 2017. Eso es, al menos, lo que denunció ayer por la mañana en rueda de prensa el concejal del PP, Gerardo Antuña.

"No es la primera, pero es una de las irregularidades más graves que comete este equipo de gobierno, y me preocupa que el tripartito esté más pendiente de sus cuitas personales que de atender a los ciudadanos y velar por las normas que todos debemos cumplir", declaró el edil popular.

El mantenimiento de la red semafórica de Oviedo se había adjudicado a la empresa Telvent, que en ejercicios anteriores también había asumido estas labores, en 2009. Ese contrato era por cuatro años prorrogables a otros dos. En diciembre de 2015, sin embargo, el actual equipo de gobierno aprobó una nueva prórroga, irregular según el PP, mientras iniciaba la adjudicación del nuevo contrato.

El procedimiento para encargar el mantenimiento a una nueva empresa quedó, no obstante encallado por reclamaciones de las empresas concursantes, de forma que el equipo de gobierno tuvo que seguir renovando mes a mes el contrato anterior. El nuevo contrato, retrasado una vez más por problemas en la transición de la vieja adjudicataria a la nueva, no entró en vigor hasta enero de 2017, un año más tarde de la fecha en que el viejo contrato tendría que haber dejado de estar vigente.

El problema ha llegado a la hora de tratar de abonar a la anterior concesionaria los pagos que se le debían por estas prórrogas "irregulares". Intervención emitió un informe alertando de la nulidad legal de aquellas prestaciones de servicio y el gobierno local ha pedido informe al consejo consultivo para poder iniciar el pago de esas deudas. Desde el Consultivo también se ratifica la nulidad señalada por Intervención (que no obstante, no es ningún impedimento para el pago de los servicios prestados). El Consejo Consultivo dice que se omitió "de forma clara, manifiesta y ostensible el procedimiento legalmente exigible, estando incursa en el supuesto de nulidad radical".

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, del que depende el contrato, culpó al PP de los problemas con esta adjudicación. Según declaró, el anterior equipo de gobierno no dejó los papeles preparados para adjudicar un nuevo contrato, "muy complejo" y obligó a realizar "un contrato puente", práctica habitual a la que Contratación no puso reparos, señaló.

El PP, no obstante, acusó al tripartito de haber apartado de estos contratos a los funcionarios que los estaban elaborando, y de haber propiciado, así, las prórrogas. El dinero que supuso los contratos irregulares son, según cálculos del PP, de 346.933,73 euros (con el IVA) por los seis meses de la primera prórroga y de 57.822,62 euros por cada uno de los meses que se siguió alargando el servicio hasta que se pudo dar paso a la nueva adjudicataria.