La clausura de la cantera de La Belonga ha traído consigo una nueva fractura en el seno del tripartito que gobierna en Oviedo. El precinto de la línea de tratamiento de las instalaciones de Llagú, que se hizo efectivo el miércoles por orden de la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, supuso ayer otro barrenazo para el pacto que mantienen PSOE, IU y Somos. Todos sabían de la existencia de informes que certifican que la cantera superaba con creces los niveles de ruido establecidos por la normativa, pero desde IU y PSOE aseguran que no eran conscientes de que el edil Ignacio Fernández del Páramo (Somos) había firmado "hace una semana" una orden de cierre "que pone en riesgo el pan de 60 familias", según defiende IU. Fuentes ligadas al tripartito aseguran que el propio alcalde, el socialista Wenceslao López, "no sabía por la noche" que la cantera había sido precintada esa misma mañana.

En Izquierda Unida tampoco tenían "ni idea" de lo ocurrido hasta que este diario lo colgó en su página web, a eso de las ocho de la tarde del miércoles. "No se trata del cierre de un bar o de un trámite rutinario del área de Licencias, lo lógico es avisar a los socios de Gobierno y al Alcalde de que se va a cerrar una empresa de la que dependen muchos puestos de trabajo", dicen fuentes de la coalición. No es que IU desapruebe "que se cumplan las leyes" -la Fiscalía llevaba tiempo requiriéndole al Ayuntamiento que actuase contra las supuestas irregularidades de la empresa-, pero considera que la medida es "drástica" y que se habrían podido "estudiar otras soluciones" antes de ponerle el candado a la empresa.

Muchos de los concejales socialistas se enteraron de lo sucedido ayer al llegar a su puesto de trabajo, cuando los propios trabajadores irrumpieron en la plaza del Ayuntamiento con silbatos y pancartas para protestar por la clausura. Después de armar mucho ruido, el Alcalde de la ciudad accedió a recibirlos en su despacho, pero se limitó a decirles a los miembros de la plantilla "que tienen abiertas las puertas de su despacho" y que los trámites dependían del área de Urbanismo y Medio Ambiente. Wenceslao López y el concejal Iván Álvarez (IU) se reunieron después, a eso de las dos de la tarde, con el concejal del ramo, que les habría puesto al corriente de un proceso del que desconocían la mayoría de los detalles. A todo esto, Izquierda Unida suspendió una rueda de prensa que tenía convocada y "varias reuniones políticas" para estar con los trabajadores y centrarse en el conflicto laboral.

Graves irregularidades

Antes Ignacio Fernández del Páramo hacía pública su versión de lo ocurrido: "La decisión es de la semana pasada, no es nada nuevo. La Fiscalía llevaba un año reclamando actuaciones para que la empresa se ajuste a la legalidad y nosotros sólo hemos cumplido con nuestra obligación porque no podemos mantenernos al margen de ilegalidades", sostiene el edil, que asegura que además del exceso de ruidos en la planta también se detectó una nave que se construyó sin la pertinente licencia. "Las decisiones de este calibre las toman los técnicos en base a unos informes. Yo no sabía que la orden se iba a hacer efectiva precisamente ayer -por el miércoles-, pero todos éramos conscientes de que había que hacerlo", añade.

Fuentes de la Policía Local aseguran que la orden de clausura les llegó el martes de esta misma semana, no la anterior, y que ya habían avisado a los responsables de la empresa de que iban a proceder al día siguiente. Esa "falta de comunicación" es lo que ha escocido entre los socios de Gobierno de Somos.