Un "chanchullo" para favorecer a un empresario "muy conocido en Oviedo" del que tenían constancia la mayoría de los concejales que formaban parte del grupo municipal del PP cuando Gabino de Lorenzo era alcalde del municipio. Ésas son las conclusiones del fiscal después de analizar "la abrumadora batería de irregularidades" que gira alrededor de la compraventa de la parcela B-16 del polígono de Olloniego, una operación más que sospechosa que sirvió para sentar en el banquillo de los acusados al exconcejal de Urbanismo Alberto Mortera y a dos funcionarios del Ayuntamiento. Alejandro Cabaleiro considera que los tres son culpables de un delito de prevaricación por omisión y mantiene su petición para que sean condenados a siete años de inhabilitación, aunque sostiene que en el "pelotazo" de Olloniego hubo más políticos implicados. "El grupo municipal del PP sabía lo que se estaba haciendo y algunos ediles participaron. Aquí no están todos los que son", dijo ayer Cabaleiro durante la última sesión del juicio.
El fiscal afirma que a lo largo del proceso ha quedado "muy claro" que Alberto Mortera no era el único que sabía que la empresa Urvisa había incumplido todos y cada uno de los requisitos que se le habían pedido para poder adquirir una parcela a un precio muy goloso a costa de los fondos mineros. Alejandro Cabaleiro sostiene que otros políticos del PP permitieron que la empresa dirigida por José Luis López, ya fallecido, vendiese la parcela a Bitácora 2002 a pesar de que las bases dejaban bien claro que el suelo no podía traspasarse al menos hasta dos años después de haber iniciado la actividad. El fiscal afirma que en el grupo municipal era sabido que no se cumplieron los plazos en la solicitud de licencias, que la empresa no creó los puestos de trabajo prometidos y que las dos naves que iban a construirse en un principio acabaron siendo diecisiete que se vendieron a terceros. Aun así, habiendo podido quedarse con la parcela y las naves por los incumplimientos, como se hizo en otros dos casos, el Ayuntamiento devolvió el aval a Urvisa después de años de irregularidades. "Está claro que hubo una arbitrariedad en el Ayuntamiento de Oviedo, tanto entre los políticos como en el caso de los dos funcionarios que se juzgan. Se quiso favorecer el pelotazo", afirma Cabaleiro.
Delitos prescritos
El fiscal asegura que existen indicios para haber acusado a más personas, "pero muchos de esos delitos están prescritos". Alejandro Cabaleiro dio nombres. Entre ellos citó a Ricardo Caballero, director general de Urbanismo y Licencias, o a los por entonces ediles José Agustín Cuervas-Mons, Óscar Cuetos y, con especial énfasis, Jaime Reinares. "En esas fechas (año 2008), precisamente, hubo un misterioso cese de Jaime Reinares al frente de la concejalía de Licencias", señala Cabaleiro. "Tanto Reinares como Cuetos revisaban periódicamente los expedientes y lo sabían", añade.
Alberto Mortera asumió el puesto de Reinares justo antes de la devolución del aval y votó a favor en la Junta de Gobierno que tomó la decisión en base a un informe de un despacho de abogados externos a pesar de los informes negativos de los técnicos municipales, según el ministerio fiscal. "Porque unos se hayan librado no van a dejar de pagar otros", subraya Cabaleiro.
