Santander, Agencias
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander encomendó ayer a los Servicios Sociales la custodia de una niña de tan sólo 12 años que ingresó en un centro hospitalario de la ciudad cántabra con un aborto en curso y una gran hemorragia. Por el momento, la patria potestad le ha sido suspendida a la madre, de nacionalidad rumana, por treinta días, mientras se investigan las circunstancias que rodean a la menor que, según las estimaciones realizadas por los médicos, podría estar embarazada de doce semanas.
La menor ingresó el pasado lunes en la Residencia de Cantabria y, según se explica en el auto del Juzgado, el servicio de Urgencias del centro hospitalario fue el que alertó telefónicamente al Juzgado de Guardia, sobre las siete de la mañana, de la llegada de la menor, que fue ingresada inmediatamente en el servicio de maternidad. Se puso en marcha entonces el protocolo sobre delitos sexuales y se acordó comunicar la situación telefónicamente ante la «urgencia» de declarar a la menor en situación de desamparo.
Sobre las ocho de la mañana, justo una hora después de poner los hechos en conocimiento del Juzgado y del Servicio de Atención a la Familia del Cuerpo Nacional de Policía, la madre de la niña, de nacionalidad rumana y cuyas iniciales son B. S. y el compañero sentimental de ésta (que en un principio se presentó en el hospital como el padre de la joven, aunque aún no se ha demostrado tal relación), solicitaron el alta voluntaria de la pequeña para llevársela a casa.
Fue entonces cuando el Juzgado declaró la situación legal de desamparo de la menor y prohibió su marcha del hospital sin previa autorización del Juzgado o de la Fiscalía.
La medida del Juzgado de instrucción, conocida ayer, se acompaña además de la prohibición de cualquier contacto entre la menor y los imputados -la madre y el compañero sentimental de ésta-, en tanto su situación no sea evaluada por los servicios técnicos de protección del menor y éstos emitan los correspondientes informes. Serán necesarios, desde luego, para determinar si la niña había sido objeto de abandonos anteriores por parte de sus familiares y examinar si es conveniente o no que vuelva a mantener contacto con ellos dada la gravedad aparente del caso.
Asimismo, se ha dejado en suspenso la guardia y custodia de la menor, que hasta ahora estaba atribuida a su madre. De momento, ésta corresponderá a los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
El Juzgado cántabro ha trasladado asimismo a la Fiscalía la decisión de la revocación o mantenimiento de la decisión y para que inste las medidas que considere necesarias ante el Juzgado de menores.
