Madrid, Efe
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó ayer que la futura ley de Autoridad del Profesor sea de aplicación no sólo en los centros públicos y concertados, sino también en los privados, lo que supone otorgar a los docentes de la enseñanza privada la consideración de «autoridad pública».
El Gobierno regional adoptó esta decisión por petición «unánime» del Consejo Escolar, una vez que constató que no existe «ningún inconveniente jurídico». Los más de 75.000 docentes de la región -67.000 de la red pública y concertada y 8.000 de la privada- gozarán de una «protección jurídica especial».
