Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO
Con los recursos con los que cuenta en la actualidad, la Consejería de Bienestar Social no puede comprometerse a resolver en seis meses las solicitudes de ayudas del Sistema de Dependencia, como ahora exige el Gobierno, para evitar los pagos por retroactividad. «Para eso necesitamos más personal estable», reconoce la consejera Noemí Martín, que, consciente de las restricciones en la política de personal del Principado, aventura que «casi con seguridad» ése va a ser un nuevo motivo de fricción con la Consejería de Administraciones Públicas.
«Tenemos una relación difícil y tensa con la Consejería de Administraciones Públicas», admitía ayer, momentos antes de inaugurar el Congreso de Cooperación Internacional en Salud Sexual y Reproductiva de Medicus Mundi en Oviedo. Y la Consejera no tiene propósito alguno de enmienda. «Vamos a seguir manteniendo esa tensión», anunciaba, y lo justificaba con que, en los asuntos que atañen a Bienestar Social, «detrás de cada expediente hay una persona».
«Lo que estamos pidiendo ahora es para mantener la situación actual», observó Martín, es decir, doce meses de media en la resolución de cada expediente de Dependencia, «un tiempo desmesurado», a juicio de la Consejera. «Seis meses es un plazo más que razonable, pero para eso necesitamos más personal estable», planteó, y subrayó lo de «estable» ya que, continuó, «tenemos a las plantillas en condiciones precarias». En cualquier caso, la Consejería está dispuesta a hacer «un esfuerzo para eliminar los trámites burocráticos» que alargan la resolución de los expedientes.
En cuanto a los recortes en personal aplicados desde la Consejería de Administraciones Públicas, Martín insistió en que su prioridad es «sustituir al personal de atención directa; hasta ahora, con dificultades, lo vamos logrando». No ocurre lo mismo con el personal de administración que debe tramitar los expedientes de la Dependencia, la vivienda o el salario social.
Martín realizó estas declaraciones en la apertura del congreso de Medicus Mundi, al que asistió también el consejero de Salud, Ramón Quirós, quien, ante las preguntas sobre el copago de los servicios sanitarios y aun subrayando que ese asunto «no está en nuestra agenda política», planteó la conveniencia de revisar el actual sistema. «El copago farmacéutico es injusto, los que más tienen son los que más deberían aportar». Puso un ejemplo: «Habría que plantearse si es justo que un parado pague el 40% de los medicamentos y que para un pensionista con un importante patrimonio sean gratuitos».
