El cambio del reglamento de contratación del Sespa genera un aluvión de recursos

Gijón, P. R. / A. R.

La gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa) firmó a finales de diciembre una resolución con la que enmendaba la plana al último reglamento de contratación de personal estatutario temporal firmado por la Administración socialista. En su resolución, la gerencia del Sespa dejó claro que se proponen diversas modificaciones en aspectos de la contratación temporal «para determinar criterios claros en la gestión de las listas de demandantes de empleo» con la pretensión de «poner fin al enorme índice de judicialización en la materia» que se sufría desde hace años.

Pero no parece que las intenciones del Sespa vayan a verse cumplidas. La citada resolución ya es contestada desde múltiples frentes y lleva camino de convertirse en fuente de tanta o más litigiosidad que las precedentes, pese a que la administración sanitaria de Foro Asturias deja entrever en la resolución de diciembre que gran parte de las modificaciones estaba «amparada en el acuerdo de la totalidad de organizaciones sindicales que han tomado parte en la negociación».

A finales de la semana pasada más de medio millar de recursos de alzada, firmados por otros tantos afectados, todos ellos personal temporal de centros sanitarios concertados, se presentaban por registro ante las instancias del Sespa, como primer paso antes de llegar a los tribunales de justicia ordinarios. Otros cientos más de recursos los están firmando personal que ha trabajado o trabaja en el ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos) y desde el sindicato médico (SIMPA) también se anuncia que habrá oposición judicial si no se retira algún apartado de la nueva norma.

Este reglamento tiene su punto más conflictivo en la modificación de los baremos en lo referente al cómputo de los servicios prestados -una de las claves para tener un buen puesto en la bolsa de empleo-. Con ella se intenta poner fin a la decisión tomada en 2010 por los socialistas, que llevó a que computara de forma idéntica, con vistas a los servicios prestados, cada día de trabajo en la red sanitaria pública que en centros de carácter asistencial (ERA) del Principado, o incluso en los concertados. Ahora la normativa deshace esa igualdad y da a los trabajadores de Arriondas, Adaro y el ERA, la mitad de la puntuación que se otorga por día de trabajo a los empleados de la red pública; y aún menos -un cuarto de esa puntuación- a los que hubieran pasado por Jove, Cruz Roja, Hospital de Avilés o el Centro de Transfusiones del Principado. Esa decisión, que ha logrado aunar la protesta de las plantillas de los centros concertados y del ERA, ha sido acogida con enorme alivio por parte de los eventuales del Sespa, que se consideraban agraviados por la norma socialista.

Mientras la red concertada se ampara en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que, reiteradamente, han confirmado que debe puntuar igual el trabajo realizado en todos los centros sanitarios, ya que a la postre es trabajo contratado y pagado por la Administración, desde el Sespa se quieren hacer valer ahora una sentencia del Supremo, obtenida en otra comunidad autónoma, que podría justificar el vuelco a la situación.

Mientras los tribunales no resuelvan, el Sespa podría llevar a cabo una nueva baremación de todos los trabajadores eventuales de las bolsas de empleo que, si como se temen en algunos colectivos, se lleva a cabo con carácter retroactivo, supondría dar un revolcón importante a las posibilidades de trabajo de muchos eventuales sanitarios.

El otro punto débil de la norma, que tiene cabreado al sindicato médico, sería la decisión de otorgar continuidad al personal eventual una vez finalizada la fecha de finalización del contrato cuando se mantiene la necesidad. Según portavoces del Simpa, esa norma afectaría sobre todo a Atención Primaria, donde siempre se ha respetado que a la finalización de un contrato eventual, aunque la necesidad siguiera, de nuevo hay que baremar por si pudiera optar a ese puesto alguien que estuviera disponible por algún motivo y con buena puntuación. «Se van a crear numerosos agravios, están dejando a gente con muchos más méritos y capacidad en la calle, con lo que se avecina una nueva oleada de demandas», asegura Nicolás Gonçálvez, médico y abogado del SIMPA.

El SIMPA, siempre según la misma fuente, ha tratado de reunirse con el director de recursos humanos del Sespa para tratar de resolver el asunto de la judicialización de los procesos, pero no ha obtenido respuesta. «No hay ningún dialogo», señala Gonçálvez. Y añade: «Se enfrentan, una vez más, a infinidad de recursos».