Asturias vuelve a suspender en dependencia, incluso baja la nota (un 3,8 frente al 4,2 del pasado diciembre), pero es la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y Galicia, que incrementa un 7,03% el número de personas atendidas en los últimos doce meses. El informe semestral del Observatorio de la Dependencia, hecho público ayer, recoge que entre los meses de enero y junio, cada día 70 beneficiarios han sido expulsados del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y que la aplicación de la ley retrocede en trece autonomías. A principios de este año, el número de personas con ayudas era de 760.444 y, a 30 de junio, la cifra había bajado hasta 748.006.

Sólo Castilla y León (9,6) y País Vasco (8,3) mejoran su puntuación. Navarra es una de las autonomías que más retroceden, y pasa de un 5, 4 a un 3,8. A la cola se sitúan Madrid (2,9), Baleares (2,5), Canarias (1,7) y Valencia (0,4).

En Asturias, el número de personas beneficiadas es de 18.415 y el de atendidas, a 30 de junio pasado, de 15.803. Clara Costales, directora general de Dependencia, admitía ayer el suspenso, pero destacaba el dato positivo. «La media de personas atendidas en España sube un 1,37%, y en Asturias un 7,03%. En este momento, en el que la mayoría de las comunidades está retrocediendo, en la nuestra aumentan las personas atendidas. Me quedo con ese dato», declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA.

«El sistema, en Asturias, avanza pero a un ritmo muy lento y con grandes dificultades por un problema de origen, que no vinculó el servicio a los sistemas sociales de proximidad. Eso, unido a los recortes, le deja muy poca capacidad de maniobra. Mantiene la tasa de reposición excepto en los grandes dependientes», explicaba ayer a este diario José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, responsable de la elaboración del informe.

Ramírez también atribuye la mala nota asturiana al «pobre volumen de gestión» de la Consejería de Bienestar Social en lo que respecta a beneficiarios, solicitudes y dictámenes. «En este momento, el problema no está tanto en las comunidades autónomas, que han sufrido recortes muy severos, como en el Gobierno de Rajoy, que ha cercenado el acceso al sistema abandonando a los que ya son titulares del derecho», subraya Ramírez.

Este año, el Ministerio aportará a la dependencia 1.087 millones de euros, menos del 20% del coste del sistema.

Según el informe, la reducción del «limbo» de la dependencia que el Ministerio de Ana Mato difunde como un logro, al pasar de 305.941 personas pendientes de atención a 1 de enero de 2012 a 213.824 el 31 de mayo de 2013 (el 22% de las que tienen reconocido el derecho), se ha obtenido eliminando a personas acreedoras del derecho a ser atendidas, entre ellas los grandes dependientes. Casi 200.000 están a la espera de ser valoradas. Mientras el número de atendidos ha permanecido prácticamente constante, el de personas con derecho a atención se ha ido reduciendo paulatinamente.

La estrategia ha sido doble, señala el informe: «por un lado, impedir que nuevos dependientes accedan al sistema y por otro -y esto es lo más doloroso- abandonando a su suerte a los cientos de miles que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al grado I».

El Consejo Interterritorial celebrará hoy en Madrid una reunión sobre la dependencia. Según ha trascendido, las autonomías deberán acreditar cada mes en qué gastan el dinero que les da el Estado para continuar cobrando.