Madrid, Agencias
El Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) a propuesta del servicio de Inspección, ha acordado abrir un expediente sancionador a Rafael Tirado, el juez del «caso Mari Luz», por «pasividad, dejación de funciones y ausencia de control». La Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó de forma unánime abrir un procedimiento administrativo al titular del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla por una falta muy grave de desatención a la hora de ejecutar la sentencia de 2002 contra el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle. Por otro lado, el CGPJ acordó igualmente archivar la investigación abierta a los Juzgados de instrucción números 3 y 4 de Gijón contra Del Valle por coacciones a una menor en Gijón.
«Lo que ha hecho la Comisión Disciplinaria es asumir íntegramente la propuesta del servicio de Inspección», apuntó el portavoz del CGPJ, Enrique López. El Consejo remitirá ahora todas sus actuaciones tanto a la fiscalía como al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía, con el fin de que estas instituciones investiguen la conducta de los funcionarios que participaron en la causa por si también pudieran haber incurrido en responsabilidades disciplinarias.
Según fuentes del CGPJ, el juez encargado de incoar el expediente será Wenceslao Francisco Olea Godoy, presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El magistrado tendrá un plazo máximo de seis meses para tramitar el expediente y proponer la sanción correspondiente al juez Tirado Márquez.
Si Wenceslao Olea mantiene la consideración de falta muy grave, el magistrado de Sevilla podría ser sancionado con la suspensión temporal de hasta tres años, el traslado forzoso de Juzgado y provincia, o incluso la separación definitiva de la carrera judicial. El portavoz del CGPJ apuntó que la Comisión Disciplinaria no ha estudiado adoptar medidas cautelares contra el juez, que seguirá ejerciendo sus funciones mientras se enfrenta a las graves acusaciones contra él. Esto es sólo el principio del expediente, ya que el magistrado tendrá la posibilidad de defenderse e incluso podrá recurrir la sentencia.
Falta prescrita
También a propuesta del Servicio de Inspección, el CGPJ decidió archivar la investigación abierta al juez de la Audiencia Provincial de Sevilla Javier González, que tardó casi tres años en confirmar la sentencia dictada por Tirado, porque la falta en la que podría haber incurrido ha prescrito. «El Consejo no ha entrado a valorar la responsabilidad del juez, simplemente ha archivado la causa porque ha prescrito».
En lo referente a los Juzgados asturianos, el Servicio de Inspección del CGPJ considera que la actuación de ambos ha sido «correcta». En este sentido, la inspección recordó que «ni el ministerio público ni la acusación particular solicitaron en ningún momento la prisión provisional del imputado». También consta que «el referido imputado -Santiago del Vallo- no quebrantó la orden de alejamiento adoptada originariamente por el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón». Asimismo se precisa que el Ministerio Fiscal únicamente lo acusó por un delito de coacciones, solicitando un año de prisión.
Según el CGPJ, el procedimiento se inició en Gijón contra Santiago del Valle por los presuntos delitos de abuso sexual, amenazas y coacciones. Las actuaciones policiales se iniciaron en virtud de la denuncia de la madre de una menor de Gijón con la que el detenido se estaba carteando. El Juzgado, tras tomar declaración a Del Valle, acordó decretar su libertad provisional sin fianza, en noviembre de 2006 y «simultáneamente, y en una nueva resolución» dictó una orden de alejamiento consistente en prohibirle acercarse a menos de 500 metros de la menor, su domicilio e instituto. Asimismo le prohibió comunicarse de cualquier forma con ella.
El Juzgado gijonés dicto el 29 de mayo de 2007 apertura del juicio oral contra el acusado por un delito de coacciones, pero no pudo notificarse al acusado al encontrarse en paradero desconocido.
