«Cayó el funcionario»

-¿Qué pasó?

-Uff, ya te lo diré. Mañana lee el periódico y ya está.

-(Ininteligible). Que cayó el funcionario.

-Meca, vaya pasada.

Las dos personas que mantienen esta conversación son María José B. y Diego G. Ambos están acusados en el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial contra un funcionario de Villabona por tráfico de drogas. Era el 23 de noviembre de 2006. La pareja mantenía entonces una relación sentimental. Él estaba preso, ella aún no. Lo estuvo después, dos años. Salió en libertad provisional a finales de 2008.

Ese mismo día, la Guardia Civil detuvo al funcionario, Luis Manuel G. M., en las inmediaciones del centro penitenciario de Villabona, con 210 gramos de heroína y pastillas. Según el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, el funcionario pretendía introducir la mercancía dentro de la prisión. María José B. es la mujer que supuestamente le facilitó la droga. La conversación fue «pinchada» por la Guardia Civil. Diego G. habla desde el centro penitenciario por un móvil, prohibido para los internos. Ambos, según el fiscal, se refieren a la detención del trabajador penitenciario.

El diálogo entre María José B. y Diego G. fue reproducido ayer en la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia. No fue la única conversación sacada a la luz, oídas todas ellas en presencia de los acusados, a los que se les escapó más de una sonrisa. 22 de noviembre de 2006, un día antes de la detención del funcionario:

-¿Leíste el mensaje de ayer?-, pregunta Diego G.

-Sí-, responde María José B-. Ya te mandé la carta y se la di al funcionario para que te la diera (...) Lo tengo de machaquilla.

-¿Le diste el whisky?

-Hostia no, el whisky no.

-(Más conversación, privada).

-Hijo de la gran puta-, continúa María José B-. Desde luego, chaval, vaya funcionario chungo. Yo veo a ese tío por la calle y en la puta vida me imagino yo que es funcionario (...) El coche lleno de mierda, chaval, revistas, el Kas de naranja. Meca, un cerdo de la virgen.

El trabajador penitenciario, que declaró que desconocía que llevara la droga dentro de su coche, fue enviado a prisión preventiva a Mansilla de las Mulas (León). Actualmente se encuentra en libertad provisional. El fiscal reclama para él una condena de doce años de prisión, multa de 25.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años. Inicialmente reclamaba para él trece años y medio, aunque modificó esta cantidad al considerar que no llegó a introducir la droga dentro de la cárcel, ya que fue detenido. Para el resto de acusados, María José B., su hermano Alejandro, su ex novio Diego G. y el venezolano Guillermo G. Q., reclama penas de entre siete y nueve años.

Las defensas de todos los acusados piden su libre absolución. No obstante, la de María José B. planteó al tribunal una alternativa para el caso de que considerara que la mujer es culpable: un año y medio de prisión. Ya ha cumplido dos, así que no tendría que regresar a la cárcel. La representante de Guillermo G. Q. también puso sobre la mesa una apostura subsidiaria a la absolución: tres años de cárcel, conmutables por su expulsión del país.

La sesión de ayer finalizó con la lectura de los informes de las partes: las cuatro abogadas de las defensas, todas ellas mujeres -Ana García Boto, Florina García, Raquel Roca y Ana Gloria Rodríguez- frente al fiscal José Perals, que defendió la supuesta trama de tráfico de drogas organizada por los cinco acusados. Perals se apoyó fundamentalmente en las escuchas telefónicas y en una carta enviada en abril de 2008 a la Fiscalía por la propia María José B., en la que se autoinculpó de los hechos y acusó al funcionario y a Guillermo G. Q. De su hermano y su novio aseguraba que no tenían «nada que ver». La mujer se ratificó en el contenido de la carta en el Juzgado de instrucción, aunque durante el juicio afirmó que sólo la escribió para conseguir beneficios penitenciarios. Ayer, fuera de la sala del juicio, aseguró que tras enviarla comenzó a trabajar de forma remunerada en la enfermería de la prisión.

Las cuatro defensas pidieron al tribunal la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil al considerarlas «ilegales». Ya anunciaron que recurrirán al Supremo si no se les estima.