Oviedo,

Marta PÉREZ

Inoperante. Con este adjetivo calificó ayer el fiscal de menores de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, el centro juvenil de Miraflores, en Noreña, dependiente del Principado, que es el centro de protección destinado en Asturias para los menores con trastornos graves de conducta o comportamientos disruptivos. «Tras cuatro años de funcionamiento hemos de destacar su total inoperancia y fracaso», expuso ayer Caldevilla, que aseguró que en la última visita que realizó al centro, de los 18 menores que tenían que estar internos, sólo se encontraban tres. El resto se había fugado. «El equipo educativo es inoperante para conseguir trabajar con los menores de altísimo riesgo de exclusión social y peligrosidad delictiva», dijo Caldevilla. «Y no están los tiempos para derrochar recursos», añadió el fiscal durante la presentación de la memoria de la fiscalía de menores correspondiente a 2009.

Las críticas de Jorge Fernández Caldevilla no se centraron únicamente en el centro de Miraflores. El fiscal también criticó aspectos de la ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que cree que «se quedó muy corta» en el plazo máximo de duración de la medida cautelar de internamiento: seis meses prorrogables a otros tres más. «Para los delitos de máxima gravedad es preciso que la duración del internamiento cautelar pueda llegar como mínimo al año de duración», dijo. En el caso de que exista una sentencia recurrida, propuso que se contemple una medida que permita la prórroga del internamiento cautelar hasta el límite de la mitad de la medida de internamiento cerrado impuesta por la sentencia del juez de menores correspondiente. Caldevilla citó como ejemplo de que los plazos actuales no son los adecuados los crímenes ovetenses de Félix Aramburu y Vallobín, con un menor implicado en cada uno de ellos. En el caso de Félix Aramburu se dictó sentencia antes del vencimiento de los nueve meses de internamiento, pero al ser recurrida el menor sentenciado salió en libertad, «con la consiguiente alarma social», expuso Caldevilla. En el caso de la menor de Vallobín, el fiscal se tuvo que enfrentar a una instrucción «enrevesada» en la que, según explicó, a falta de un mes para la finalización de los nueve meses de internamiento cautelar, aún no se había recibido la autopsia definitiva. Asimismo, el fiscal calificó como «hechos totalmente excepcionales» estos dos crímenes y matizó que desde la existencia de la sección de menores, creada en el año 2001, únicamente se habían juzgado en Asturias dos casos de menores implicados en asesinatos, uno en San Juan de la Arena y otro en Langreo.

El fiscal de menores Jorge Fernández Caldevilla también se mostró favorable durante la presentación ayer de la memoria a la reforma de la ley de Protección del Menor del Principado de Asturias. El fiscal subrayó la necesidad de agilizar los trámites para las resoluciones de acogimiento, puesto que los retrasos en la gestión han supuesto «un incremento notable de las resoluciones en base al silencio administrativo». En este sentido, incidió en que el interés del menor debe prevalecer «en toda actuación». A su juicio, la actualización de la ley, que data de 1995, debería establecer los plazos en que deben dictarse las resoluciones de protección y fijar los períodos máximos de residencia de los menores en centros de protección para ofrecerles una alternativa familiar de la manera más rápida posible.

Tipología de delitos

Los delitos de menores que más predominaron el año pasado fueron los de lesiones, con 332 casos, seguidos de los robos con fuerza, 214, y los daños, 180.

Delitos graves

El año pasado se dictaron dos causas con menores por delitos de «máxima gravedad», los crímenes ovetenses de Félix Aramburu y Vallobín, con un menor implicado en cada uno de ellos. La fiscalía cree que se trata de dos hechos «excepcionales» y que el índice de delincuencia relacionada con menores de 18 años en Asturias es «bastante pequeño en relación con otras comunidades autónomas».

Sentencias

Del total de sentencias dictadas en 2009, 24 fueron absolutorias, 90 condenatorias sin conformidad y 251 por conformidad entre las partes. Asimismo, la fiscalía interpuso 17 recursos de apelación. Además, se iniciaron 487 expedientes y se dictaron 67 internamientos en régimen semiabierto, siete en régimen cerrado y dos terapéuticos.

Menores extranjeros

62 marroquíes ingresaron en la unidad de primera acogida.