Madrid, Agencias
El presunto líder de la mafia china desarticulada en la «operación Emperador», Gao Ping, abandonó ayer la prisión de Villena (Alicante), una vez que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó su excarcelación por un error judicial. Ping salió de la cárcel poco después de recibir el exhorto de puesta en libertad, que también afecta a otros once presuntos cabecillas de esta red mafiosa.
Andreu decretó la puesta en libertad pedida el pasado lunes por las defensas de Ping y otros presuntos responsables de la trama, entre ellos la mujer del líder, Yang Lizhen, y el presunto responsable del aparato extorsionador, Li Haibo, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas. El magistrado ordenó las excarcelaciones aunque se declara expresamente contrario al criterio de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que ha considerado que la prórroga de la detención que el juez decretó en octubre fue ilegal. El magistrado no lo comparte, pero debe «acatar» este criterio, según asegura en sus resoluciones. Andreu tomó esta decisión a pesar de la oposición de los fiscales e impuso a los doce excarcelados las medidas cautelares que reclamaba Anticorrupción. Les ha prohibido abandonar el territorio nacional, les ha retirado el pasaporte y les obliga a comparecer diariamente en la Audiencia Nacional.
Estas puestas en libertad se producen después de que la Audiencia declarara la semana pasada ilegal la prórroga de las detenciones dictada por el juez Andreu y ordenara la puesta en libertad de otros cuatro imputados, entre ellos uno de los lugartenientes de Ping, Wei Li, y el presunto responsable de la contabilidad de la red y directivo de su trama empresarial, Kay Yang.
Siguiendo el criterio de la fiscalía, el 18 de octubre Andreu amplió 72 horas más de las previstas en la ley el arresto de veinte imputados al considerar que no podía enviarlos a prisión sin haberles tomado declaración antes. Sin embargo, la Sección Tercera afirmó la semana pasada que el juez tenía que haber dictado prisión para ellos transcurridas las 72 horas y que no podía prorrogar su detención, ya que ello vulnera su derecho constitucional a la libertad. En los autos de excarcelación, Andreu entiende que no se ha producido ninguna infracción porque durante las primeras 72 horas que los imputados pasaron detenidos estaban a cargo de la Policía, por lo que su arresto era policial y no judicial.
Para justificar la ilegalidad, la Sección Tercera se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional del «caso Malaya» en la que se declaraba irregular una ampliación de detención, pero Andreu considera que en este caso se trata de «supuestos fácticos y jurídicos diferentes». Los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa han interpuesto diferentes recursos contra estas decisiones, con la intención de que se pronuncie el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia.
