El Gobierno socialista tiene que limpiar una nueva mancha de corrupción. Esta vez en la empresa pública de telecomunicaciones del Principado, conocida con el acrónimo de GITPA, donde la Fiscalía aprecia indicios de malversación, falsedad documental y prevaricación en las obras de ejecución de la red de cableado de Asturias. El cúmulo de irregularidades es sonrojante, como lo es también la actitud mantenida por el ejecutivo de Javier Fernández, que pretende lavarse las manos, mirar hacia otro lado con irresponsabilidad cómplice, como si este asunto fuera imputable a Coalición Canaria.
Pero el gobierno de Javier Fernández sabía perfectamente lo que se cocía en las alcantarillas del GITPA, que saltaron por los aires cuando dos funcionarios de la Dirección de Telecomunicaciones del Principado dieron la voz de alarma con un informe demoledor en el que, a las claras, se habla de "graves irregularidades". Ya lo sabía cuando el Grupo Parlamentario Popular solicitó información sobre esta empresa pública, competencia exclusiva del gobierno regional, aunque no tuvo a bien responder a nuestro requerimiento hasta un año más tarde, ya pasadas las elecciones, qué casualidad.
Los informes solicitados nos llegaban hace unos días y ahora entendemos por qué el gobierno autonómico ha estado mareando tanto la perdiz con el GITPA. Es que son escandalosos y, aunque se han tomado su tiempo para tratar de ocultar esta vergüenza con todo tipo de artimañas, no hay quien pueda contener el mal olor que desprende la gestión socialista de esta empresa. Porque ya es una evidencia pública que aquí se emitieron kilómetros de facturas por metro de cableado, ante una inconcebible falta de control por parte de los responsables políticos de la Administración asturiana.
El PP lleva desde el año 2013 denunciando que algo no cuadraba en la empresa de telecomunicaciones del Principado. La Fiscalía y los informes de los propios funcionarios ahora nos confirman que estamos ante un nuevo escándalo de corrupción socialista, más grave aún que el caso Marea. Que se facturó más obra de la que finalmente se llevó a cabo o que se autorizó cableado innecesario son sólo dos de las muchas irregularidades que ahora están bajo investigación judicial.
El anterior y el actual director general de la sociedad GITPA, además de dos de las empresas que participaron en el proyecto, han sido denunciados por la Fiscalía. Y, mientras, Javier Fernández miró y mira para otro lado, sin dar ni una sola explicación sobre lo ocurrido en la empresa pública de telecomunicaciones. Es más, ocultó deliberadamente la información de la que disponía su gobierno.
Resulta patético ver cómo se pasan el muerto de consejero a consejero, de un gobierno socialista a otro. Nos dicen que fueron ellos los que acudieron a la Fiscalía y nos facilitaron los informes. Que si las irregularidades se cometieron en tiempos de Areces. Pero cuánta desfachatez. Entregaron los informes cuando les convino y porque no les quedaba más remedio, y la responsabilidad del gobierno de Javier Fernández en este asunto es manifiesta. Por callar. Por ocultar el desbarajuste de dinero público que existía en la empresa de Telecomunicaciones del Principado. Por tanto descontrol.
Lo cierto es que no tienen ninguna explicación decente para lo que ha venido sucediendo en el GITPA. Por eso, en el Pleno del Parlamento asturiano, cuando interpelamos al consejero Francisco Blanco sobre este asunto, su única contestación fue descalificar al PP con comentarios miserables. Recurso muy habitual entre quienes tienen mucho que esconder y necesitan desesperadamente escurrir el bulto. Aunque eso implique caer en el fango.
La cuestión es que seguimos sin explicaciones y, hasta la fecha, el Gobierno regional no ha emprendido ninguna acción contra los responsables, políticos y técnicos, de las graves irregularidades detectadas. ¿Han auditado la obra? ¿Se han revisado facturas y certificaciones? ¿Van a mantener al actual gerente? ¿Han calculado ya el alcance económico del escándalo? En definitiva, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno regional ante unos informes que no dejan lugar a duda y que, ya en 2014, advertían de la posible corrupción del GITPA?
De todo esto, de lo que de verdad nos gustaría saber a los asturianos, el señor Blanco no dijo ni palabra. Prefirió explayarse en ruindades. Es lo que los socialistas entienden por transparencia y buen gobierno.
