El próximo enjuiciamiento de un médico y una colaboradora acusados de haber ayudado a morir a una mujer en un hotel de Avilés en 2012 y la coincidencia de este hecho con la reciente muerte de Andrea Lago, la niña gallega de 12 años para la que sus padres pedían una muerte digna, ha reabierto el debate sobre la eutanasia, que en realidad planea sobre la opinión pública de este país desde hace una década por la falta de voluntad política para zanjar la cuestión. Proclive a la alineación con quienes como el doctor Marcelo Palacios, hoy en estas páginas, defienden el derecho de cada cual a gobernar su vida, lo que es tanto como decidir sobre cuándo ponerle fin, no me llama tanto la atención la polémica de fondo sino el supuesto ánimo mercantilista de los acusados por haber ayudado a morir a la mujer que expiró en Avilés: seis mil euros le habían cobrado, según el fiscal, por el "servicio". Y eso sí que no, la muerte no puede tener un precio.
