El viernes 21 de septiembre se celebró en el Ayuntamiento de Navia una rueda de prensa en la que el Alcalde de Navia y la empresa encargada del proyecto anunciaban que renunciaban a la instalación de la planta de biomasa en la ubicación que motivó el rechazo vecinal.
Lo anunciaron manteniendo el uno que la ciudadanía quería llevarse los papeles del proyecto para casa, y el otro amenazando "preventivamente" a quien se atreva a publicar algún detalle técnico del proyecto.
Parece claro que no entendieron casi nada de lo ocurrido, por lo que procede recapitular algunas cuestiones, tras este proceso que a la ciudadanía le obligó a recurrir a la vía judicial contra el proceder de su propio Ayuntamiento.
Podemos distinguir varios aspectos: en primer lugar lo relativo al proyecto en sí; en segundo lugar la manera en que se llevó a cabo y por último la cuestión, más de fondo, de los distintos modelos de desarrollo y toma de decisiones que afecta a cualquier sociedad y que tiene efectos a nivel local (como en este caso) pero también a nivel autonómico (el caso del trasvase de agua de la cuenca del Navia a la cuenca central asturiana) o estatal (que todas las capitales de provincia estén conectadas por trenes de alta velocidad).
Respecto al proyecto en si, lo primero que llamó la atención es que se ponga en marcha este proyecto en un municipio en el que está instalada por parte de la papelera Ence una de las mayores plantas de biomasa de España, que lógicamente absorbe todos los restos forestales que no son útiles para producir pasta de papel. ¿Quién va a vender su madera a Ence y los restos al Ayuntamiento? Lo que nos lleva a una segunda cuestión: los restos forestales van a venir de otras zonas más alejadas, con lo que el proceso en sí ya no va a ser tan ecológico. Por otro lado, para calentar la piscina había una instalación de más de cuarenta placas solares que nunca funcionó correctamente: a los pocos meses de la inauguración de la piscina aparecieron rotas siete placas que nunca fueron sustituidas. Ecológico hubiera sido arreglar esa instalación, cosa que ni este alcalde ni el anterior hicieron.
Otro detalle relevante del proyecto es que es experimental, como no se cansaron de decir sus promotores. Y esto es lo que resulta más asombroso: que siendo experimental, se pretendiera instalar en una zona verde por donde a diario los vecinos y vecinas de Navia van al instituto, al colegio y a la propia piscina y a 15 metros de las viviendas más cercanas. Parece lógico que las instalaciones experimentales se sitúen en zonas más aisladas, y habiendo como hay en el concejo varios polígonos industriales, poner esa ubicación como la única, resulta difícil de entender. Máxime cuando todo proyecto debe presentar alternativas de ubicación. Y eso, tanto el alcalde como la empresa de ingeniería lo saben.
En cuanto a la forma de llevar este asunto por parte del Ayuntamiento, nos encontramos con la vieja práctica de tener una idea que a priori a sus promotores les parece estupenda y que ponen en marcha sin la debida información a la sociedad. Aeropuertos, autopistas, superpuertos, ciudades de justicia o de cultura? que hipotecan las cuentas públicas y ocupan el territorio, son buena prueba de ello a lo largo y ancho del estado español. Quienes gestionan así lo público no se han dado cuenta que la sociedad española demanda en estos momentos mayores niveles de participación. Que no nos vale con votar cada cuatro años y dejar hacer sin más a nuestros representantes. Que las ideas geniales, sometidas al escrutinio social pueden llegar a ser aún mejores o revelarse, por el contrario, inapropiadas.
Además, los procesos de información pública no son en muchas ocasiones suficientes y menos si, como en este caso, la información se hurta: el expediente que se pudo consultar no reunía las condiciones mínimas para ser fiable, razón por la que los tribunales admitieron las demandas vecinales. En las repuestas a las alegaciones que al fin proporcionó el Ayuntamiento a quienes habían alegado, se decía por un lado que el proyecto era para calentar la piscina (respuesta a la alegación 7ª, párrafo 3) pero más adelante, en las "Alegaciones inherentes a CAPCA y RITE se dice: La actividad de la instalación BIOBALE es la combustión y generación de calor para aporte a las instalaciones térmicas en edificio (?), así como a la generación de energía eléctrica para venta a red".
¿En qué quedamos? Esa falta de claridad dice bastante de un proyecto que como a lo largo de más de un año dijeron alcalde y empresas, es experimental.
Pues bien, deberían haber empezado por considerar que el secreto impuesto por el derecho de patente choca frontalmente con el principio de información pública que está bien asentado en la legislación europea, como el alcalde de Navia sabe. Y que en ese choque de intereses el Ayuntamiento favorezca a la empresa frente a la ciudadanía que legítimamente expresa su rechazo resulta, como mínimo, curioso.
Y podemos decir más: el lema ciudadano que se puede ver en calles y casas "Planta de Biomasa lejos de las casas", expresa claramente que el rechazo era a la ubicación en un lugar muy transitado y distante 15 metros a las viviendas más cercanas. Si, como es obligatorio en los estudios de impacto ambiental, hubieran ofrecido alternativas, tal vez nos hubiéramos ahorrado este proceso que llegó a los tribunales. Lo que no es aceptable es que con ese menosprecio por la calidad de vida de las personas se nos quiera hacer tragar un proyecto que, si es experimental, debería ubicarse en un lugar alejado de cualquier población.
Porque hay una cuestión que la sociedad va teniendo clara, pero que a muchos empresarios y políticos les está costando entender: tenemos derecho a oponernos a los planes que nos afectan. Y no por ignorancia ni por ninguna razón peregrina. No querer un proyecto, por más que sus promotores lo crean redondo, es un derecho ciudadano básico. En nuestro caso nos oponemos porque en nuestra casa, en nuestro pueblo, no queremos una fábrica; sea de calor, de electricidad o de gominolas. Sin más.
Esta oposición al proyecto de planta de biomasa en esa ubicación hace que se nos trate con desprecio, acusándonos de ignorantes, enemigos del progreso y otras lindezas, incluyendo el aviso "¡Tú ten cuidado!" que algún miembro de la plataforma vecinal escuchó.
Este caso es un ejemplo más de la manera en que han venido funcionando las cosas, que en gran medida es la causa de la tremenda corrupción de nuestro país, y que ya no es de recibo en una sociedad informada y consciente de lo que se juega. El progreso basado en un desarrollo sin freno de infraestructuras e industrias, que no mira a las zonas rurales, una vez que despobladas, más que como fuente de materias primas, va tocando a su fin. Decir que un proyecto es competitivo, que va a generar empleo, crear riqueza? no es suficiente para que las poblaciones afectadas asientan agradecidas a sus "benefactores". Podemos decir "no, eso no lo queremos": no queremos una mina de oro, un trasvase de agua cuando se pueden mejorar las traídas existentes, no queremos tren de alta velocidad, o lo que sea. Porque hay otros modelos de progreso que generan bienestar, riqueza y trabajo.
Por eso, quienes aspiran a gobernar deben ir teniendo en cuenta que cada vez más es necesario buscar alternativas, que tal vez no hagan ricos a sus emprendedores, pero que mejorarán la vida de las personas. Y quienes sabemos lo que es bueno para nosotras, somos las personas.
Sin entrar en que la legislación va muy por detrás de la realidad, como muestra que el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), sea del año 1961 y que en algunos lugares, como Asturias, el poder legislativo no haya tenido tiempo desde la vuelta a la democracia de actualizarlo y sustituirlo por una Ley Ambiental Autonómica.
Las cosas van cambiando, y quienes están en política deben ir empezando a asimilar que mandar también es obedecer, no sólo decir a la ciudadanía lo que es bueno para ella. Pero que ante todo gobernar es gestionar lo que es común, como el lugar en que vivimos.
