Los ayuntamientos asturianos afrontan el abono de unos 10 millones de euros en concepto de indemnizaciones por las demandas presentadas por beneficiarios de los planes locales de empleo, tanto como lo que gastaron en 2015 en el programa de contratos para más de 700 parados de larga duración durante un año. El Principado modificará las bases de la próxima convocatoria, que debería presentarse en otoño, para lograr una mayor garantía jurídica y, a la vez, cumplir con el pacto de concertación suscrito con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal FADE. Según este acuerdo, se dará prioridad a los beneficiarios del salario social para acceder a los planes locales de empleo municipales, pero éstos a su vez deberán servir para la reinserción laboral, lo que implica su rediseño, y además se evaluará su desarrollo e impacto. Es decir, se analizará si sirven o no para la integración real en el mundo laboral.
Los problemas legales con los planes locales de empleo surgieron en 2010 en el ayuntamiento de Avilés, donde sus beneficiarios denunciaron al entender que se estaba cometiendo un fraude de ley ya que se les encargaba la ejecución de tareas propias de la plantilla municipal. La sentencia fue favorable a los demandantes, y el Ayuntamiento avilesino se vio obligado a despedirles para no incrementar la plantilla municipal.
El caso de Avilés se extendió como la pólvora y las demandas comenzaron a afectar al conjunto de ayuntamientos de la región. En todos los casos los fallos judiciales fueron favorables a los trabajadores, condenando a las exiguas arcas municipales, inmersas en la profunda crisis económica, a afrontar cuantiosas indemnizaciones que llegaron a sumar unos 10 millones de euros.
Los ayuntamientos y el Principado, que es el que realiza las convocatorias, quieren mantener los planes de empleo, que consideran una herramienta importante en la lucha contra el paro y la exclusión social.
Los vigentes para este ejercicio benefician a 440 de los 707 desempleados de larga duración que estaba previsto contratar por un periodo de un año. Pese a la inseguridad jurídica, los pusieron en marcha 74 ayuntamientos, mientras que los de Mieres y Langreo, gobernados por IU, y Avilés, por el PSOE, decidieron no presentarse a la convocatoria. Noreña lo hizo fuera de plazo. Ahora, los concejos esperan las novedades que presentará la convocatoria de 2017, y que fueron comprometidas por el consejero de Empleo, Francisco Blanco en el Parlamento asturiano a raíz de una iniciativa presentada por el diputado Ovidio Zapico, de IU.
Lo que sí se sabe es que tendrán prioridad en el acceso los beneficiarios del salario social, con el objetivo de que los planes locales de empleo cumplan con uno de sus fines: la reinserción laboral, y no sólo con el asistencial como ha ocurrido hasta ahora. Por eso, las futuras convocatorias deberán incluir formación e itinerarios de entrada al mercado laboral, como figuran también recogidos en el salario social.
Para ello, el pacto de concertación incluye establecer una coordinación permanente entre la Consejería de Servicios Sociales, el Servicio Público de Empleo y los ayuntamientos para intercambiar información, elaborar itinerarios de inserción laboral individuales según el perfil de cada beneficiario, y la revisión del diseño y ejecución de ambas herramientas, tanto del salario social como de los planes de empleo.
El salario social y la inclusión social recibirán de 80 a 95 millones anuales de presupuesto según el pacto de concertación. Pero todos los firmantes coincidieron en que ese dinero debe servir para formar a los beneficiarios y facilitar así su reinserción laboral, dejando de tener el papel meramente asistencial que se les ha otorgado hasta ahora y que provocó duras críticas por parte de la patronal FADE.
